La prensa nacional informa que el gobierno sometió al Congreso sendos proyectos sobre bonos y deuda pública por un monto total de 98 mil 114 millones de pesos para “financiar el presupuesto de este año 2014”.
Esa partida, y otras, están previstas a ser buscadas, puesto que, como se sabe, la presión tributaria es de un 15% del PIB, con lo cual se recaudan 375 mil millones de pesos, por lo que hay un faltante de 238 mil millones de pesos, pues el presupuesto total a ser ejecutado es de 613 mil millones de pesos.
Como puede apreciarse, si está previsto buscar esa suma faltante es porque el presupuesto es deficitario; si esa suma aparece, porque sean vendidos los bonos, se convierte en deuda y si no aparece sigue siendo déficit; puede ocurrir que no aparezca todo y será déficit (la parte que no aparezca) y deuda (la parte que aparezca).
Cuando hay déficit y deuda se le atribuye responsabilidad al gobernante de turno, es lógico. Lo ilógico es que la acusación de irresponsabilidad la haga el funcionario del mismo gobierno responsable de elaborar el presupuesto. Ese funcionario se supone debe presentar un proyecto de presupuesto ajustado a lo previsto a ser recaudado o tomar iniciativas para plantear elevar la presión tributaria.
Toda esta situación revela que se requiere de una reforma fiscal para buscar adecuadamente los recursos presupuestales faltantes.
Sin embargo, la situación es más de ahí. Es evidencia de que el Estado tampoco tiene los recursos para atender aspectos fundamentales en la vida de la población, como salud eficiente y de calidad, seguridad ciudadana, energía fluida y de precio adecuado, educación de calidad, empleo, alimentos, vivienda, pobreza y otros.
Si la presión tributaria de 15% del PIB no financia el presupuesto, mucho menos para superar la gran desigualdad social y carencia de vida existente.
Es apropiado el momento para superar este desequilibrio crítico. Saber aumentar la presión tributaria a por lo menos 20.7%, que es el promedio de América Latina, en una primera fase, y llevarla a 27% en una segunda oportunidad.
Con suprimir las exenciones a tres fuertes sectores económicos, conforme revela el Banco Mundial en su reciente informe “Cuando la Prosperidad no es Compartida”, lograríamos 5.9% del PIB, eso nos llevaría a 20.9% del PIB, dos décimas sobre el promedio de America Latina.
Si adoptáramos un sistema tributario bien estudiado sobre los grandes beneficios y desmontando las bases tributarias en reciclaje sobre la población a la que hay que proteger, daríamos un cambio. Además, pasar a crear mecanismos de recaudación eficientes.
Consensuar de las manos con fuerzas económicas y sociales claramente identificadas, es algo más que un pacto fiscal, debe ser un compromiso estratégico de estabilidad y superación de la desigualdad.
El PLD está en una situación óptima para proceder, porque además es una fuerza política probada, con legítima presencia en los poderes del Estado, confiable y en obligación de dar el paso como compromiso de su misma existencia.
