Gobierno del cambio: más mitos que realidades

El Gobierno anuncia que los jóvenes que ni estudian ni trabajan disminuyeron de 28.3% a 16.59%, pero utiliza como punto de partida el año de la pandemia. Frente al 18.03% de 2019, la reducción hasta 2026 es de apenas 1.44 puntos porcentuales.

Después de seis largos años de gestión, con más sombras que luces, el mal llamado Gobierno del cambio necesita resultados que exhibir. En su afán por presentar buenas noticias, ha encontrado una que parece extraordinaria: según informó recientemente la Presidencia, la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan disminuyó de 28.3% en 2020 a 16.59% en el primer trimestre de 2026.

A primera vista, la noticia luce espectacular. El problema aparece cuando preguntamos: ¿por qué escoger 2020 como punto de comparación?

El 2020 no fue un año normal. Fue el año de la pandemia, del cierre de empresas, la paralización de actividades productivas y la suspensión de la docencia presencial. Comparar un indicador laboral y educativo actual con el registrado durante aquella crisis produce, casi inevitablemente, una mejoría considerable.

La propia información divulgada por la Presidencia contiene el dato que pone las cosas en perspectiva: en 2019, antes de la pandemia, el porcentaje oficial era 18.03%; en el primer trimestre de 2026 es 16.59%.

Entonces cambia radicalmente la historia.

Entre 2020 y 2026, la reducción que exhibe el Gobierno alcanza 11.71 puntos porcentuales. Pero entre 2019 y 2026 es de apenas 1.44 puntos porcentuales. Una parte enorme de la supuesta hazaña desaparece cuando dejamos de utilizar como referencia el peor momento de la pandemia.

No significa que esa reducción carezca de importancia. Significa algo distinto: la selección amañada del año de comparación determina la magnitud de la historia que el gobierno quiere contar.

Los datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) permiten ampliar la mirada. Cuando no se limita a la definición estricta de quienes simultáneamente no estudian ni trabajan, es posible clasificar a la población de 15 a 24 años desvinculada del sistema educativo en cuatro grupos: adolescentes de 15 a 17 años que trabajan y no estudian; los que no trabajan ni estudian; jóvenes de 18 a 24 años desocupados y que no estudian; y aquellos pertenecientes a la población no económicamente activa (PNEA) que tampoco estudian.

Con esta clasificación, el resultado está muy lejos de mostrar una transformación espectacular.

En 2019 había 241,755 jóvenes en esas cuatro condiciones. Seis años después, en 2025, todavía había 232,081. La reducción fue de apenas 9,674 jóvenes, equivalente a 4.0%. Dicho de otra manera: por cada 100 jóvenes que se encontraban en esas condiciones en 2019, aproximadamente 96 permanecían estadísticamente representados en ese universo seis años después.

Más revelador todavía: esas cuatro categorías representaban 13.1% de la población de 15 a 24 años en 2019. En 2025 alcanzaban 13.6%. El número absoluto disminuyó ligeramente, pero su peso dentro de la población juvenil aumentó medio punto porcentual.

La composición del problema también dice mucho. En 2025 había 28,862 adolescentes de 15 a 17 años que no trabajaban ni estudiaban y otros 11,452 que trabajaban, pero no estudiaban. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, 46,148 estaban desocupados y no estudiaban, mientras 145,619 pertenecían a la PNEA y tampoco estudiaban.

Este último grupo constituye el verdadero elefante en la habitación que el gobierno no quiere ver: representaba por sí solo 8.52% de toda la población de 15 a 24 años y casi 63% de los 232,081 jóvenes identificados.

También conviene observar qué ocurre cuando se utiliza 2020 como base de comparación. Ese año, se registran 277,861 jóvenes en estas condiciones. Para 2025 habían disminuido a 232,081. Naturalmente, comparar contra el año de la pandemia produce una caída mucho mayor.

Ese es precisamente el problema.

No es cuestionable que determinados indicadores hayan mejorado respecto al momento excepcional de la pandemia. Lo que se plantea es que una recuperación respecto de una crisis extraordinaria no puede presentarse automáticamente como una transformación estructural.

La expresión cuasi despectiva “nini” utilizada por el gobierno, comprime realidades muy diferentes. No es igual un adolescente que abandonó la escuela para trabajar que una joven que busca empleo sin encontrarlo o una mujer joven fuera de la fuerza laboral por responsabilidades familiares. Incluso la ONE dispone de una metodología oficial específica para medir esta población, con enfoque de género y derechos humanos que sitúa, en 2022, en 309,612 los jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan.

Después de seis años, los jóvenes dominicanos no merecen que se les estigmatice con un acrónimo peyorativo. Merecen empleos bien remunerados, educación de calidad y oportunidades que puedan comprobarse sin necesidad de escoger 2020 para que el presente luzca extraordinario.

Esas oportunidades que desean hay que diseñarlas y aplicarlas con responsabilidad desde un gobierno identificado con su pueblo y al servicio de su pueblo. Por suerte, muy pronto las tendrán.