Al igual que en los últimos años, el proyecto de presupuesto para 2012 tiene pocas novedades. En general, refleja compromiso con la estabilidad de precios y una pobre responsabilidad con el desarrollo.
Además, parece ser más un resultado de la inercia y las contingencias que de un esfuerzo deliberado a favor de la productividad, el empleo, la protección y la equidad.
La apuesta por la estabilidad de precios se evidencia en que: se propone una reducción del déficit fiscal desde un 1.6% a un 0.9% del PIB, lo que sacrifica crecimiento; se mantienen los pagos previstos para pagar la deuda con el Banco Central; y se basa en proyecciones de una inflación de 5.5% y de un tipo de cambio promedio de RD$40.3 por US$1. Aunque pueden existir dudas legítimas sobre lo razonable de algunas de estas metas, un ajuste de ellas sería marginal y no cambiaría lo esencial.
Lo que no es razonable es presupuestar, nueva vez, un subsidio al sector eléctrico de apenas US$268 millones. El gobierno ha mostrado una tímida voluntad para combatir el fraude eléctrico, fuente principal del déficit del sector. Además, difícilmente los ajustes de la tarifa vayan a producir ingresos por más de US$400 millones, que es lo que se necesitaría para llevar el subsidio a un nivel tan bajo. Esto presagia otro presupuesto complementario para mediados de 2012 y nuevos recortes para corregir el mismo artificio presupuestario de siempre.
La inercia se revela en el hecho de que, a excepción del incremento del financiamiento para educación que lo lleva a cerca del 3% del PIB, el proyecto repite muchos de los rasgos que han caracterizado los de años recién pasados: pocos recursos, baja inversión social, subvaluación del subsidio eléctrico y elevado pago de deuda. Se trata además de un presupuesto relativamente más pequeño, con menos financiamiento y con mayor pago de deuda. El pago de intereses fue el segundo rubro que más subió con RD$18 mil millones, alcanzando un 13% del gasto presupuestado. De esto, cerca de un cuarto es por transferencias del gobierno al Banco Central para pagar la deuda por la crisis bancaria de 2003.
La pequeñez presupuestaria se debe en parte a que el miedo, la complacencia, el intercambio de favores con algunos sectores y las debilidades técnicas e institucionales han prevalecido en todos los recientes esfuerzos por incrementar la presión tributaria para financiar adecuadamente el desarrollo. A esto se suma la entendible resistencia de la población de a pie a pagar más impuestos ya que ve con escepticismo la forma en que el Estado gasta.
Pero el vacío de desarrollo también resulta de una controvertible distribución de lo disponible, en especial una baja participación de la inversión social en el gasto público total. Aunque los servicios sociales incrementan su peso desde 38% en 2011 a 42% del gasto presupuestado, y en un 0.4% del PIB, esta es una adición modesta luego de haber caído en 2011. Además, el aumento lo debe casi todo al incremento para educación, que subió su participación en el presupuesto en un 5%. También, el de seguridad social lo hizo en 0.7%, aunque es poco para incrementar el número de afiliados al régimen subsidiado y ni hablar de arrancar el urgido régimen contributivo subsidiado.
Como contrapartida, el resto de las funciones sociales excepto agua potable y alcantarillado, reducen su peso. Esto incluye a salud, asistencia social y servicios municipales. De hecho, tres de ellas reducen en términos absolutos su presupuesto. De forma similar, los gastos en servicios económicos (agropecuaria, industria, transporte, energía –incluyendo el subsidio-, etc.) también cayeron en más de RD$7 mil millones, y protección al medioambiente lo hace en mas de RD$550 millones.
El corolario de todo esto es que el peso de la deuda pública y la presión para incrementar el financiamiento para la educación fueron las fuerzas que hicieron una diferencia en la propuesta presupuestaria de 2012. Esto revela que la clase política no es indiferente a la movilización social y que la ciudadanía tiene un poder latente para romper la inercia y transformar al fisco y al Estado.
El autor es economista
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