En la Constitución de 2010, junto con los referendos consultivos y aprobatorios y otras figuras nuevas para nuestro sistema, se introdujo la iniciativa legislativa popular mediante la cual, de acuerdo a lo contemplado por el texto, “un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del 2% de los inscritos en el registro de electores podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional”.
Hasta el momento la iniciativa legislativa ha sido atribución exclusiva del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y para materias puntuales de su competencia también del Poder Judicial y la Junta Central Electoral. La idea de la iniciativa legislativa popular es que el ciudadano común tenga un mecanismo para introducir al Congreso un proyecto de ley, logrando con ello una participación más directa de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan a la colectividad.
Al tema se le ha puesto un sello de renovado en esta semana, pues parece estar a punto de convertirse en una realidad palpable ya que el proyecto de ley que trata los aspectos relativos a la regulación de esta figura fue aprobado en primera lectura hace unos días en la Cámara de Diputados.
En teoría esto es bueno para el clima democrático y para la necesaria reingeniería institucional, pero es imprescindible que vaya acompañado de un plan educativo intenso y de proyectos de formación con énfasis en contenidos puntuales sobre Constitución, organización del Estado, derechos fundamentales, entre otros similares, para evitar que se “relaje” algo tan importante como la creación de las leyes como consecuencia de la ignorancia común en un país con muchos analfabetos funcionales y que apenas estrena el 4%.
Incluso, en lugares en los que la población recibe educación de calidad se ha incurrido en absurdos en el ejercicio de la iniciativa legislativa popular. Un ejemplo actual es el abominable proyecto que ha presentado un grupo de ciudadanos en California para permitir que sea legal asesinar homosexuales de un disparo en la cabeza por entender los proponentes que estos constituyen “amenazas a la seguridad pública”. Y aunque no tiene probabilidades de éxito causa un desperdicio de esfuerzo y dinero toda vez que los congresistas tienen que dejar de atender otros asuntos importantes para dedicar tiempo a una payasada.
La exhortación es, para que esto no haga más daño que bien, ser cuidadoso con los límites establecidos en su regulación, que la implementación de la ley se tome su tiempo y que se acompañe de un adecuado proceso formativo.
