Quienes administran justicia a las personas que han sido víctimas de violencia o abuso son los que más expuestos están a esos males.
Los jueces se desenvuelven en una situación de inseguridad física muy peligrosa y el costo que tiene o que tendría proveerle seguridad efectiva a cada uno, no lo soportaría ningún poder del Estado y lamentablemente, eso provoca cierto temor, no solamente de parte de los jueces que se están exponiendo, sino de nosotros como sistema.
Así lo explicó el director de Administración y Carrera Judicial, Justiniano Montero Montero, quien aseguró que están buscando alguna fórmula para que en función de la sensibilidad de la materia que sirve el juez, pudiese haber una provisión de seguridad que “sea más efectiva, que sea mejor servida de lo que hasta ahora está sucediendo”.
“Es necesario reconocer que esa parte es un riesgo en potencia, esa parte es un punto que nos plantea situaciones muy peligrosas. Que yo a veces digo suerte a Dios que aquí no tenemos muchos problemas de violencia diseminada a sectores determinados”, refirió el director.
“Si tuviésemos situaciones de violencia diseminada hacia sectores diseminados, valga decir, hacia los jueces, pudiese ser la judicatura presa fácil de un conjunto de atentados y de una verdadera ola de violencia sangrienta porque los jueces, sobre todo los penales viven tomando decisiones” que perjudican un sector y luego deben tomar las calles como ciudadanos comunes.
Esto en referencia a los magistrados que desempeñan sus funciones en los departamentos judiciales donde hace falta designar jueces.
El departamento de Barahona sigue siendo el ejemplo más latente de las debilidades y peligros que corren día a día los administradores de justicia.
Si la Cámara Penal de esa demarcación decide anular un juicio que se realizó en Pedernales, por las razones que fuese, el único Tribunal Colegiado integrado por jueces titulares de ese departamento, tiene que ir hasta allá y realizar un nuevo juicio.
Este nuevo juicio podría contener una condena de varios años de prisión para un infractor, sin embargo, una vez concluido ese proceso, a la hora que fuera, esos jueces tienen que retornar a sus casas por tierra con el acompañamiento de un policía “que se pasa el camino entero durmiendo”, narró la fuente de elCaribe.
“Naturalmente eso hace inhumana la labor de un juez que tiene que hacer la labor. Que tiene que vivir todos los días en la carretera y darle respuesta a la gente de lo que están demandando”, señaló.
Refirió que es muy frecuente ver en los medios de comunicación la queja de la gente con respecto a la justicia, de lo cual se dicen tantas cosas pero destacó que las cosas que se desconocen en el desempeño de los jueces son más de las que se pueden ver a simple vista.
“Tú te imaginas ponerle 20 años de prisión, como le pusimos a uno de los regidores de Enriquillo, y de allá para acá venir nosotros solitos en la carretera mirándonos la cara. Nosotros con una secretaria, un chofer y con un policía que desde que se monta en la guagua es a dormir”, comentó indignado.
Ante esa situación en el trayecto “todo el mundo anda pistola en mano para lo que llegue, lamentablemente. Y en ese nivel de inseguridad es que viven los jueces que ejercen la carrera”.
Casos de atentados
Los jueces de Barahona y de otros departamentos del país han sido víctimas de atentados y agresiones donde ha tenido que intervenir la policía y la seguridad de las personas que están siendo procesadas y hasta el mismo público para proteger a los jueces puesto que los niveles de inseguridad en lo que se desenvuelven son increíbles.
Uno de los casos más recientes es el vivido por la juez Denisse Hernández de la Nuez, cuyo hijo perdió la pierna tras ser atropellado por una patrulla policial.
La magistrada entiende que la agresión contra Alan Fermín Sheperd Hernández, de 17 años, fue en represalia por dejar al descubierto la implicación de varios agentes en el caso La Mulata III, en Puerto Plata.
Esta situación agudiza la crisis de inseguridad para quienes administran justicia ya que “no ha sido una delincuencia común la que ha atentado contra ella, sino es el propio Estado el que la ha violentado a ella porque es la propia autoridad legalmente constituida la que le ha generado a ella ese problema”, señaló Montero Montero.
Asegura que la descripción de ese accidente de tránsito convirtió a la autoridad en un ente activo de la infracción, no de la protección ciudadana. “En lugar de actuar como protector ciudadano, quiso cometer o agravar una infracción que se había cometido”, agregó.
Asegura que ese tema es muy delicado pero hay que ver qué se puede resolver en el futuro porque a corto plazo no se podrá hacer, ya que se requiere una inversión presupuestaria con la cual no cuentan.
Deficiencia es por falta de dinero
La solicitud de asignación de más partidas económicas para el Poder Judicial ha sido “el llamado de auxilio” de la Suprema en estos últimos años
La Suprema Corte de Justicia ha expresado que la crisis y la inseguridad en la que se desenvuelven los 688 jueces del Poder Judicial son producto a la falta de dinero. Justiniano Montero asegura que el presupuesto se va en gastos corrientes, ya que la justicia actúa a nivel nacional y tiene más de seis mil empleados, sin incluir los jueces, además de los gastos de mantenimiento de las edificaciones y vehículos. Debido a la falta de recursos existen 65 plazas vacantes en los distintos departamentos judiciales, 54 de ellos son para jueces de paz, seis para los de primera instancia y cinco para jueces de corte, además faltan por poner en funcionamiento 94 nuevos tribunales.
