MADRID (AP).- Entre aplausos y gritos de apoyo de medio centenar de simpatizantes, el juez Baltasar Garzón llegó el martes al Tribunal Supremo español, donde tiene previsto comenzar el primero de los dos juicios que se siguen contra él y que le han costado la expulsión temporal de la carrera judicial.
Garzón se sentó en el banquillo los acusados para responder por el delito de prevaricación —dictar a sabiendas una resolución injusta— por su rol en el llamado caso «Gürtel», que destapó una trama corrupta en las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid.
Rodeado de cámaras, Garzón conversó con algunos periodistas en el interior de la sala del Supremo, en el que será juzgado por un tribunal de siete magistrados, en un caso que podría terminar con su carrera.
«Bien, todo bien», dijo Garzón sobre su estado de ánimo a preguntas de The Associated Press. «Lo único que pasa es que estoy un poco afónico porque he tenido fiebre».
La acusación popular, en contra de la fiscalía, solicita hasta 17 años de inhabilitación para ejercer como magistrado por ordenar la grabación de conversaciones telefónicas entre varios acusados de «Gürtel» encarcelados y sus abogados.
El próximo 24 de enero arrancará el juicio por su fallida investigación de los crímenes del franquismo y la dictadura.
Garzón, de 56 años, se volvió una figura reconocida internacionalmente por investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en Chile de Augusto Pinochet (1973-1990). Estuvo 22 años al frente del juzgado número Quinto de la Audiencia Nacional de Madrid, desde el que instruyó sumarios decisivos en la lucha contra el narcotráfico, el grupo separatista vasco ETA y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), la fuerza paraestatal creada para combatir a ETA durante la presidencia de Felipe González (1982-1996).
También investigó el régimen de facto en Argentina (1976-1983), que lo convirtieron en el rostro más conocido de la justicia universal, sobre todo en América Latina.
