Para reducir la cantidad de personas reincidentes y descongestionar tribunales, el Poder Judicial lanzó ayer el plan piloto, “Tribunales de Tratamiento de drogodependientes bajo supervisión judicial”. “En este modelo de tribunal el imputado recibirá una suspensión condicional de procedimiento y se compromete de forma voluntaria a entrar en un programa de tratamiento de adictos, en el cual, bajo la supervisión del tribunal se da seguimiento a los avances del tratamiento de la enfermedad de las personas favorecidas con la medida”, explicó Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia.
El magistrado, también presidente del Consejo del Poder Judicial, agregó que un análisis de las sentencias de 2009 evidenció la necesidad de buscar vías alternativas de intervención en los casos de droga, pues los tribunales, al juzgar la posesión de estupefacientes tienden a la absolución-desistimiento, que van desde un 14% hasta un máximo de 83%. El séptimo juzgado de la Instrucción que preside la magistrada Kenya Romero será el tribunal piloto en este proceso.
“Desde mi percepción del fenómeno, esta enfermedad crónica requiere de un tratamiento social, en el cual participen los órganos del Estado, ya que, en definitiva, son ellos los responsables de garantizar una sociedad con el menor número de traumas posibles”, exhortó el magistrado.
La cárcel no es la solución
“El impacto del delito del consumo de drogas, manejado desde la opción de la cárcel, no es necesariamente la medida más pertinente y adecuada. Creemos que es más provechoso trabajar con la inserción social de los jóvenes”, explicó Germán Mejía.
Al realizar un estudio de viabilidad del proyecto se determinó que el 70% de las personas que delinquen tiene problemas con el consumo de drogas y se ven compelidos a violar la ley para satisfacer la dependencia.
Se contempla la extensión de este programa a otros delitos, como son los casos de violencia de género e intrafamilar.
La actividad
El proyecto es impulsado por el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública y la Oficina Nacional de Defensoría Pública, con el apoyo de la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas (CICAD)-OEA.
En el acto, estuvieron presentes incumbentes y representantes de las referidas entidades.
Programa reducirá la reincidencia
De su lado, Fidias Aristy presidente del Consejo Nacional de Drogas indicó que este modelo reduce de un 15 a un 20% la reincidencia en el delito. Asimismo sostuvo que ese proyecto se constituye en una solución sanitaria y contribuirá a disminuir la comisión de delitos y la reincidencia.
“En materia de costo-efectividad, en otros países se ha llegado a calcular una diferencia de más del 60 por ciento“, dijo el funcionario.
