En la región Enriquillo, en el Suroeste del país, pareciera que se vive en otra República, no sólo por los indicadores sociales y económicos, con tasas de pobreza horrorosas (Barahona 63.3%; Bahoruco, 75.2%; Independencia, 70.2% y Pedernales 60.5%), sino también por la falta de autoridad que permite que se violen normas elementales de protección del medio ambiente. Por eso son tan comunes incendios forestales en áreas protegidas, como en la reserva de la biosfera de la sierra de Bahoruco, o en la llanura, los cañaverales, por conveniencia del Consorcio Azucarero Central, sin considerar el daño que provoca en todo el valle de Neiba.
La denuncia de elCaribe, ayer, es muy ilustrativa de cómo esa empresa, durante la zafra, quema las plantaciones para realizar la labor de corte de la caña, sin considerar el daño que causa al suelo, a las especies y a los pobladores. Y cómo destruye en cuestión de minutos un insumo importante para los pequeños ganaderos y vecinos de la zona, que es el cogollo que queda en los campos si no se produjera la destrucción.
Los incendios son ejecutados a la vista de todos por personal del ingenio. Pero las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente lo toleran con argumentos pasmosos. Se conforman con la versión de que los incendios son materializados por “manos criminales”. Es probable que algún fuego sea provocado por desaprensivos, pero la realidad es que generalmente se trata de caña que está lista para ser procesada, dentro del programa de la empresa.
Mientras, los incendios, al margen de quiénes los provoquen, tienen su impacto no sólo sobre el suelo, sino sobre la gente. El hollín se esparce por todo el valle. Penetra a las viviendas. Impacta directamente a las personas, desde las vecindades de Vicente Noble hasta Jimaní.
Eso es un problema de salud colectiva, que tiene que ver con la función no sólo de Medio Ambiente, sino también con el Ministerio de Salud. El reporte de Hogla Enecia Pérez habla de cómo se han incrementado las afecciones respiratorias, lo que pone a riesgo la vida.
Las autoridades deben actuar.
