El 2017 iniciará con la discusión de la propuesta de modificación a la Ley 87-01, de Seguridad Social, en las cámaras legislativas, que a juicio de expertos en la materia, como Arismendi Díaz Santana, beneficiará muy poco a los trabajadores, sobretodo, en lo referente a las pensiones.
Tras analizar minuciosamente el anteproyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, quien fuera el redactor de la ley vigente, diseñador del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) y primer gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), afirma que la pieza no contempla la actualización del monto de las pensiones, elimina el Régimen Contributivo Subsidiado, no fija límites a los copagos ilegales y deja prácticamente igual la participación de los grupos que más se han beneficiado del sistema en sus quince años de vigencia.
Al conversar con elCaribe, Díaz Santana, graduado en Altos Estudios de Seguridad Social en España, insistió en la necesidad de que se incluyan mecanismos que aseguren la indexación anual del monto de las pensiones para, al menos, preservar su poder adquisitivo y evitar que millones de dominicanos tengan que cubrir el 100 por ciento de las atenciones médicas.
¿Puede decirnos cuáles son los aspectos positivos y negativos del proyecto de modificación a la ley 87-01?
Entre los puntos positivos encontramos el principio de la imprescriptibilidad de los derechos de los afiliados, especialmente en lo que tiene que ver con pensiones y riesgos laborales; la creación de un Plan Especial para las Microempresas, ya que éstas inicialmente no están en condiciones de cubrir todos los costos de la afiliación. Esto reducirá la evasión, protegerá a muchos trabajadores de escasos recursos y reducirá la informalidad. Otro aspecto positivo, es la eliminación del derecho al veto de los empresarios y trabajadores, lo que contribuirá a que el CNSS pueda agilizar la toma de decisiones de los temas más importantes para los afiliados. Asimismo, dotar de personería jurídica a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y facultarla para realizar cobros coercitivos después de los 60 días de mora. Reducir el porcentaje de los recargos, que era muy alto y resultaba un obstáculo para regularizar los pagos a la TSS.
Entre los puntos negativos, está la eliminación del Régimen Contributivo Subsidiado, lo cual tendrá un costo fiscal y social muy elevado; se dispondrá el uso de los excedentes del Seguro de Riesgos Laborales y serán los afiliados quienes financien las operaciones regulares de la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA) y de la TSS.
Resulta un contrasentido disponer por Ley que los profesionales y técnicos se afilien al Régimen Contributivo aportando ellos el 100 por ciento del costo, sin ninguna solidaridad social, columna vertebral del SDSS. Esta disposición es una discriminación que violenta la Constitución de la República, en la cual todos somos iguales y disfrutamos de los mismos derechos, ya que los trabajadores autónomos serían el único grupo social del país que carecería totalmente de protección social. Cómo es posible que después de tantas décadas esperando una ley de seguridad social y de 15 años de ejecución, ahora se les aplique la política del “sálvese quien pueda”, como si no estuvieran amparados por la Constitución y la propia Ley 87-01. De aprobarse esta medida, estos millones de dominicanos quedarían igual que antes de la Ley de Seguridad Social, cuando tenían que cubrir el 100 por ciento de las igualas médicas o quedarse sin protección.
¿Cómo afectará el anteproyecto el tema de las pensiones?
El lado más débil del proyecto es el previsional. Aparte de la extensión de los derechos de los afiliados, es poco en lo que beneficia a la población. No obliga a actualizar el monto de las pensiones. Pretende cargarles a los trabajadores el costo de las operaciones de la DIDA y de la TSS. Y el costo del Plan de Salud para los pensionados y jubilados podría resultar muy elevado (un 6.3%), a menos que al mismo tiempo haya un aumento general de las pensiones, congeladas desde el 2004. A los médicos pensionados les descontarán el 6.4% de la pensión, pero primero les aumentaron el salario y los pensionaron con el 100% del último salario.
¿Cuáles puntos fueron dejados fuera del proyecto y deben ser incluidos?
No incluir ninguna medida tendente a aumentar el crecimiento sostenido de los fondos de pensiones, a fin de elevar la tasa de reemplazo, que se estima la más baja de la región. Tampoco incluir ninguna medida que asegure la indexación anual del monto de las pensiones para, al menos, preservar su poder adquisitivo.
Bajo el esquema que se está discutiendo, ¿quién cree que saldrá más beneficiado, la población o el empresariado?
Hasta ahora, el proyecto deja prácticamente igual la participación de los grupos que más se han beneficiado del nuevo sistema: No prohíbe, ni limita, ni persigue, ni sanciona la imposición de copagos ilegales, abusivos e indocumentados, los cuales ya representan un promedio cercano al 28% del costo de la mayoría de los servicios de salud; no queda claro en qué medida reduce el monto de la comisión que recibirán las Administradoras de Fondos Pensiones. El aporte a la TSS debiera provenir de un descuento a las AFP, Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y ARL por el servicio que le presta la TSS de recabar los aportes, perseguir la evasión y elusión y dispensar y entregar a tiempo los pagos a las ARS, AFP y a la ARL. En ningún caso deben cubrirlo los afiliados como se pretende.
Se dice que este proyecto terminará de privatizar las atenciones médicas en los hospitales, pues no se atenderán a los pacientes sin carnet de asegurado. ¿Qué piensa al respecto?
La atención médica se privatiza cada vez más en nuestro país en la medida en que se deterioran los servicios de salud en las instituciones públicas. En este año, por ejemplo, la prensa se ha hecho eco de más de una docena de denuncias, debidamente documentadas de situaciones críticas de muchos hospitales y centros de salud, incluyendo a los más emblemáticos. Dolorosamente esta deplorable situación está forzando a mucha gente pobre a acudir a centros privados gastando parte de su presupuesto que debía destinarlo a otras necesidades perentorias.
Mientras no se logre una asignación anual del 5.0% del PIB para salud, y se esté ofreciendo sólo menos de la mitad de ese porcentaje, continuarán las precariedades, la falta de suministros, el rápido deterioro de la infraestructura y la falta de medicamentos, la relación público- privado continuará favoreciendo a ésta última. Igual, mientras no se eleve la calidad del gasto y la inversión y se respete al personal calificado. Además, mientras no se extienda la jornada de trabajo para facilitar el acceso de la población cuando más lo necesite, el sector privado tendrá grandes ventajas comparativas a pesar de su costo.
Positivo
Se eliminaría el derecho al veto de los empresarios y trabajadores, lo que permitiría al Consejo de Seguridad Social tomar decisiones de forma ágil”.
Negativo
Sería eliminado el Régimen Contributivo Subsidiado, lo que según Díaz Santana tendría un costo fiscal y social muy elevado”.
