La posibilidad de protestar ante la administración pública está estrechamente vinculada a la libertad de expresión, al libre pensamiento y a otros derechos fundamentales como la libertad de culto en algunos casos.
Ha sido una conquista que requirió lucha y sacrificio en los lugares del mundo en los que se logró y por ende cuando alguna medida o legislación nueva tiene la apariencia de poder cercenar el disenso y la expresión libre es particularmente sensible y desata muchas pasiones.
Por ello, ha sido motivo de oposición en España la entrada en vigor hace unos días de la popularmente llamada “Ley mordaza”, una controversial Ley de Seguridad Ciudadana con la que el gobierno pretende, entre otras cosas, regular las manifestaciones públicas.
Sin embargo, si se analiza objetivamente, se puede notar que más que amordazar la libre expresión lo que hace es evitar las consecuencias negativas de los excesos en el ejercicio de ese derecho.
Por ejemplo, entre las acciones que podrán ser penalizadas en España a partir de ahora está el uso no autorizado de imágenes o datos personales de los miembros de las fuerzas de seguridad, lo que mueve a reflexionar hasta qué punto, en virtud de informar (y a veces desinformar por error o mala fe), se debe poner en peligro la seguridad personal de un policía o la de su familia.
Por otro lado, la ley establece multas para los que dificulten operaciones de desahucio concentrándose frente a las casas de los afectados, lo que obviamente busca desincentivar a que personas se aglomeren para impedir el cumplimiento de una ley o decisión, por lo que resulta prudente para proteger la institucionalidad castigar a todo el que impida a cualquier autoridad el ejercicio legítimo de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales.
En cuanto a las manifestaciones frente al Congreso y los parlamentos autonómicos no es que las impide como han dicho muchos para exacerbar el rechazo a la ley, sino que castiga cuando en el marco de esta actividad se produce una perturbación grave de la seguridad ciudadana.
También entre las faltas que contempla la nueva ley está la negativa a identificarse cuando así lo requieran los agentes, algo que va en el mismo tenor de lo anterior, y escalar edificios y monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.
La libertad de expresión tiene demasiado valor y no merece que se invoque como excusa para amparar el desorden.
