La trascendencia del derecho al voto de la diáspora tiene mayor impacto de lo que parece. Coartarlo es atentar contra el destino de la Nación y una mejor vida para todos los dominicanos. Don Pedro Mir, como intelectual visionario, profundo, iluminado, proyectó el destino nacional atado a la diáspora a corto y largo plazo. Es que el boicot al voto del exterior marcha en contra del interés y el desarrollo nacional. Lastima e hiere el perenne patriotismo de la diáspora que si sólo en Estados Unidos alcanza 1.5 millones, según el último Censo Nacional del 2010, en el resto de Europa, América Latina y el Caribe, la cifra global debe rondar los tres millones de ciudadanos dispersos por todo el mundo.
Como no hay ningún pacto suscrito con la diáspora es fácil ignorarla. Solo con la doble ciudadanía, y con el derecho al voto fijado en la Constitución, quedó establecido el vínculo jurídico, patriótico y emocional con la dominicanidad. Fue producto de la persistente lucha de líderes como José Francisco Peña Gómez, quien vivió el potencial político y económico de la diáspora a tiempo, al igual que el poeta nacional Pedro Mir. La realidad hoy en día es bien concreta, no solo por los US$4 mil millones de remesas anuales que salen del bolsillo de los dominicanos hacia el país más pobre, sino por los miles de intelectuales, académicos, científicos, médicos, abogados, pequeños empresarios, comerciantes y trabajadores que crecen fuera.
Un vínculo muy profundo llamado a jugar un rol mucho más fuerte en la economía. Con más de 900 mil dominicanos en Nueva York , nadie come plátanos dominicanos. Con más de 400 dueños de supermercados, más de 10 mil bodegas y miles de pequeños negocios, en manos de la dominicanidad. Pero lo mismo sucede con los centros educativos, las escuelas y universidades, repletas de profesores y estudiantes nuestros. Ese dominicano ama su país. Es lo que explica las largas colas para cedularse que comienzan bien temprano en la madrugada, pero no en el calor, sino contra nieve, lluvia y frío, a 25 grados bajo cero. Ese esfuerzo merece ser recompensado con una cedulación más ágil, menos traumática, lenta y tortuosa.
La Ley de Partidos debe consignarlo como derecho inalienable. La cedulación debe comenzar centrada primero en los locales de los partidos políticos. Que tienen en la diáspora una bolsa grande para recaudar fondos en todas las campañas, y en todas partes del mundo. La diáspora aporta mucho y pide muy poco. Consignar que el derecho al voto, lejos de ser coartado, debe ser protegido y ampliado. Y atarlo a la Estrategia Nacional de Desarrollo. La diáspora no sólo es remedadora, sino primer inversionista y coarquitectos del destino nacional.
