Pese a no contar con una sentencia de embargo irrevocable y con una solicitud de revisión ante la SCJ , los abogados de Lucila Vásquez llamaron a la pública subasta de un inmueble. La denuncia fue hecha por el propietario del inmueble, Rafael Santana. Contra la acción principal de embargo se interpuso una revisión que llegó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), pero aún no ha sido fallada. El abogado de Santana, Praede Olivero, dijo que “el título ejecutorio en el cual se ha basado la persiguiente para incoar el embargo, es una sentencia que se fundamentó en unos actos de alguacil hechos al aire, por lo que son falsos”. Mientras, el magistrado Rafael Pérez Pérez, presidente de la primera sala de la Cámara Civil y Comercial, ordenó la adjudicación del inmueble para el 7 de noviembre de este año. El anuncio para la subasta detalla que la puja iniciará en RD$10 millones.
Olivero denunció que el juez Pérez ha violado la Constitución y las leyes en el proceso. Relató que Santana, a través de sus abogados, presentó un incidente basado en las violaciones contenidas en el acto de embargo No.470/2013, de fecha 09 de julio de 2013, ya que el mismo le fue notificado fuera de los plazos establecidos por la ley.
“Conforme a los términos del artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, la parte persiguiente debió notificar sus condiciones dentro de los ocho días de su depósito.
