Los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se comprometieron a trabajar por el fortalecimiento institucional del desarrollo sostenible de las Américas impulsando la lucha contra la corrupción en todas sus formas.
Luego de tres días de debates en la Cuadragésima Sexta Asamblea Ordinaria de la OEA, se firmó la declaración de Santo Domingo en la última jornada del cónclave.
Las delegaciones acordaron promover el gobierno abierto y la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y su mecanismo de seguimiento. Asimismo, fortalecer el desarrollo para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y la impunidad “como imperativo de los Estados para alcanzar una vida decente, digna y plena”.
También decidieron promover el fortalecimiento y la creación, cuando corresponda, de instituciones transparentes, eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles de gobierno, que faciliten el logro de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Igualmente, promover y fortalecer la implementación de políticas públicas, estrategias y acciones dirigidas a fomentar la igualdad y equidad de género, así como el empoderamiento de la mujer como condiciones necesarias para el pleno respeto de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.
Acordaron fomentar acciones dirigidas a garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas migrantes y sus familias, adultos mayores y otros miembros de grupos marginados y en situación de vulnerabilidad.
Los países se comprometieron a fortalecer el diálogo político en materia de educación, el acceso igualitario a la Justicia y reforzar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales en foros regionales como la OEA.
Además instaron a los países desarrollados a cumplir con los compromisos de facilitar recursos financieros para el cambio climático.
Otros compromisos
Los países miembros de la OEA apoyaron los esfuerzos de los pequeños Estados insulares en desarrollo y de los países en desarrollo sin litoral en las acciones orientadas a mitigar el impacto de los desastres, el cambio climático y las epidemias.
También a fomentar un acceso equitativo y universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y a Internet de banda ancha en las Américas
