En el marco de la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Portugal en junio del 2009, fue aprobada la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública con el propósito de generar condiciones adecuadas para la intervención de la ciudadanía en el ámbito de lo público. Este instrumento fue adoptado por la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
Esta carta viene a complementar el marco jurídico existente en el país en materia de participación social. Efectivamente, tanto la Constitución, como las leyes del Distrito Nacional y los municipios (176-07), la de Libre Acceso a la Información (200-04) o la que crea el Sistema Nacional de Planificación (498-06), incorporan mecanismos directos de participación de la ciudadanía como el Referendo, la iniciativa popular, el derecho a petición o el presupuesto participativo.
El propósito fundamental de la Carta Iberoamericana de Participación y de los mecanismos anteriormente descritos, es generar capacidades en las organizaciones para demandar del Estado respuestas más efectivas frente a sus expectativas y necesidades fundamentales. Es decir, contribuir con políticas públicas enfocadas en resolver los problemas prioritarios de nuestra sociedad y dirigidas a lograr “un impacto positivo sobre el desarrollo social y la calidad de vida de las personas”.
Uno de los aspectos esenciales de esta Carta Iberoamericana, es que la intervención de la ciudadanía en los asuntos públicos no sólo debe verse como una contribución dirigida a mejorar la calidad de los servicios desde la administración estatal, sino a su vez, como un ejercicio efectivo de un derecho político fundamental, como lo es el derecho de participación ciudadana en la gestión pública.
La transparencia y el libre acceso a la información del Estado son condiciones indispensables para que los ciudadanos puedan tener una intervención pública de calidad. Este tipo de participación contribuye a recrear el necesario vínculo de confianza de los gobiernos con los ciudadanos. Además, como lo establece la propia Carta, ayuda a abordar los conflictos y a propiciar acuerdos, así como a aumentar la legitimidad y efectividad de las decisiones en la Administración Pública.
Conocemos de los esfuerzos del Ministerio de Administración Pública en la difusión de la Carta de Participación, pero se requiere de una campaña más efectiva para dar a conocer este importante instrumento y al mismo tiempo, para lograr un mayor compromiso de las autoridades en su efectiva implementación. Sin embargo, lo más importante es que las organizaciones sociales se apoderen de esta herramienta y hagan uso de ella.
