Estamos contestes en que la sociedad requiere una nueva legislación penal, lo que se justifica en los cambios que se han producido en el mundo de estos tiempos, en las comunicaciones y el transporte, el comercio y en la geopolítica, lo que ha impactado la gobernanza en todos los países.
Los cambios globales conllevan una internacionalización de la criminalidad, que se ha convertido en la peor peste que amenaza la seguridad, no importa que las naciones estén regidas por administraciones centralizadas, dictatoriales o democráticas. Igual, el crimen organizado en sus más variadas expresiones ha calado, en la misma medida que se han expandido las actividades legítimas de producción, negocios o servicios.
El ámbito de mayor actividad del crimen es el narcotráfico, unido al lavado de activos, con un amplio espectro que permea la organización política, económica y social. Habría también que considerar los crímenes y delitos electrónicos dentro de lo que constituye la globalización de la delincuencia. Asimismo, las instituciones públicas y privadas están a merced de administradores depredadores e inescrupulosos que violan las normas de adecuado manejo de los bienes públicos y privados.
La vida en familia, las relaciones interpersonales y vecinales, adquieren nuevas formas y con frecuencia la sociedad se ve sorprendida por ilícitos que requieren nuevos criterios que organicen el régimen de las penas, según la naturaleza y alcance de las infracciones.
La reforma al Código Procesal Penal se inscribe en ese temperamento. Pero se necesita que la obra sea completada. El trabajo de reforma del Código Penal Dominicano debe llegar a término.
La historia del proyecto de reforma del Código Penal tiene el común denominador de los procesos legislativos dominicanos, que tiende a ser pedregoso y lento, aunque hay que reconocer que por tratarse de una iniciativa de esta naturaleza, requiere tiempo, sosiego, comprensión, mucho trabajo, control y calidad.
Pero la primera versión del proyecto de reforma del Código Penal fue introducida al Congreso el 16 de octubre de 2003, y todavía sigue en agenda. Ahora espera en el Senado.
Aprobado el Código Procesal Penal, lo razonable sería que aprueben el Nuevo Código Penal Dominicano.
