Luego de 14 días de interrogatorios, un allanamiento y el anuncio de un acuerdo económico entre el Estado dominicano y Odebrecht por 184 millones de dólares, la Procuraduría General de la República continuó con los interrogatorios para determinar quiénes fueron los sobornados; mientras que la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la sociedad civil, exigieron que se enjuicie a los responsables y se combata la impunidad.
Ayer, fueron interrogados el expresidente del Senado, Jesús Vásquez Martínez (Chu) y el expresidente de la Cámara Baja, Alfredo Martínez, con lo cual ascienden a 12 los interrogados.
El primero en llegar fue Jesús Vásquez (Chu) Martínez, quien aseguró que es completamente ajeno a Odebrecht y a cualquier otro caso de corrupción y exigió que no haya más excusas ni dilaciones en las acusaciones a los responsables de recibir sobornos.
Dijo que acudió a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), a los fines de ser interrogado en torno al contrato que fue aprobado a Odebrecht, durante su gestión, para la construcción de la Hidroeléctrica de Pinalito, por un monto de 131,7 millones de dólares.
“Mi hoja de servicio está limpia como el agua. No todos somos iguales; reafirmo que nunca he recibido dinero de esa empresa, ni de ninguna otra, para la aprobación de contratos en mi ejercicio en el Senado de la República”, señaló.
Agregó, que si se producen dilaciones en este caso, “se entendería como si se les estuviera dando tiempo para arreglar asuntos, en lugar de actuar con prontitud, como lo han hecho otros países como Colombia y Perú, donde los corruptos están tras las rejas”, aseguró.
Vásquez Martínez, reiteró que durante su gestión al frente de la Cámara Alta se conoció y se aprobó el contrato para la construcción de la Hidroeléctrica de Pinalito, pero no se hizo ningún adéndum.
También, el expresidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, refirió que acudió al despacho del procurador en coherencia con la posición del PRM de que las investigaciones sobre los casos de corrupción sean llevadas con responsabilidad y transparencia, hasta hacer prevalecer la justicia.
“La corrupción es un mal parecido a una culebra que, como expresa el dicho popular, se mata por la cabeza, por lo que esperamos que quienes tienen la responsabilidad de actuar en consecuencia, no jueguen a buscar la fiebre en la sábana”, expresó al leer un comunicado.
Reiteró que este caso debe llegar hasta el final y saciar la sed de justicia de “un pueblo cansado de que le roben su sudor y se burlen de su bondad”, aseveró.
Sociedad civil solicita el acuerdo
Además, Carlos Pimentel y Bartolomé Pujals, representantes de las organizaciones convocantes de la Marcha Fin de la Impunidad, acudieron a la sede de la PGR para consignar un documento y exigir la entrega del acuerdo económico entre el Estado y Odebrecht.
Señalaron que el pedimento se hace en el contexto de la Ley General del Libre Acceso a la Información Pública, por lo que el acuerdo anunciado por el procurador, debe ser hecho público.
En la carta, dirigida al procurador general, el colectivo recordó que según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 200-04, la información requerida debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, con posibilidad de prórroga en caso excepcional.
Frente a esto, la Procuraduría General de la República informó, a través de un comunicado, que avanza en estructurar, la forma, el tiempo y otros términos, para recibir el pago del resarcimiento por US$184 MM, que Odebrecht aceptó por escrito pagar a la República Dominicana e indicó que tan pronto estén listos, se darán a conocer al público.
Destacó la PGR, que dicha indemnización, es la primera que se logra en un caso de este tipo en el país, al tiempo de recordar que el monto de la misma equivale al duplo del soborno de US$92 MM, que esa multinacional admitió en una corte de Nueva York, pagó para obtener contratos de obras del Estado desde 2001 hasta 2014. Recordó que bajo ninguna circunstancia se detendrá la investigación local abierta sobre este caso.
Proponen crear una comisión investigadora
Una comisión de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sometió ayer un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados donde solicitan que sea creada una comisión para investigar el pago de supuesto soborno por parte de Odebrecht a funcionarios dominicanos.
Los diputados Robinson Díaz y Elías Báez señalaron que el único poder del Estado facultado para investigar, además del Ministerio Público, es el Poder Legislativo y que éste debe ejercer su función. Díaz explicó que ese pedimento lo hace basándose en el artículo 93 de la Constitución que faculta al Congreso Nacional a fiscalizar en favor del pueblo y nombrar comisiones permanentes y especiales, para que investigue cualquier asunto que resulte de interés público.
Chu Vásquez
“Mi hoja de servicios está limpia como el agua. No todos somos iguales; nunca he recibido dinero de Odebrecht”.
