Ayer se dio a conocer la información de que muchos de los habituales participantes como observadores de las elecciones dominicanas esta vez no asumirán ese rol. Esto es muy preocupante porque a poco tiempo de los comicios todavía no hay garantías de la completa sanidad del proceso.
Al margen del cumplimiento de los plazos de sus cronogramas y otros aspectos que son puramente de forma, la Junta Central Electoral (JCE) ha fallado en resolver los problemas esenciales de fondo de esta campaña, lo que, apenas faltando un mes para las elecciones presidenciales, es algo muy grave para la legitimidad de los resultados.
La JCE, por ejemplo, ha ignorado el mandato constitucional de regular el acceso y la inversión en medios de comunicación de los partidos políticos, lo que se ha traducido en inequidad y gran ventaja para los candidatos que disponen de más recursos económicos.
Numerosos funcionarios públicos están desempeñando papeles estelares en la campaña del oficialista, descuidando sus funciones pero sin cumplir con su obligación de al menos tomar una licencia de sus cargos, y la JCE tampoco ha tomado medidas al respecto.
El derroche de recursos del Estado es evidente, al igual que el proselitismo y las actividades de propaganda electoral que se realizan en el marco de la inauguración de obras públicas (que se potencia en tiempos electorales), pero a pesar de las quejas de asociaciones nacionales e internacionales y las peticiones de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la JCE ha preferido hacerse de la vista gorda.
A todo lo anterior también hay que agregar la falta de claridad en los criterios que guiaron la aprobación de varias alianzas electorales, las ráfagas de campaña sucia que se dan a pesar del firmado pacto de civilidad, la forma electorera y propagandista de asignación del gasto público, los irrespetos a las treguas (como en Semana Santa, que tantas actividades políticas ocurrieron en las carreteras que hasta ponían en riesgo a los conductores), las manifestaciones de violencia por temas de campaña, y en general una serie de elementos que sin dudas empañan la gestión del alto organismo electoral.
Por ello, es una pena que instituciones de prestigio como el Centro Carter y la Organización de la Naciones Unidas (ONU) hayan decidido no enviar observadores a nuestras elecciones, y ojalá embajadas de muchos países y otros grupos internacionales de prestigio quieran asumir la observación electoral, para ver si vestimos de mayor transparencia el proceso y tranquilizamos a una parte importante de la población dominicana que no cree en la JCE.
