Presiones inaceptables

Una parte de las autoridades  ejecutivas y ciertos segmentos del Congreso Nacional, no parecen entender la gravedad de la campaña que se ha armado en el exterior contra la República Dominicana, después de la sentencia del Tribunal Constitucional.&#823

Una parte de las autoridades  ejecutivas y ciertos segmentos del Congreso Nacional, no parecen entender la gravedad de la campaña que se ha armado en el exterior contra la República Dominicana, después de la sentencia del Tribunal Constitucional.

No se comprende que se mueven gobiernos y organismos con un propósito claro, mientras las autoridades nacionales reaccionan tibiamente, sin que siquiera se organice un discurso común en las diferentes legaciones del país en el mundo, que explique la naturaleza y el alcance real de la sentencia del Constitucional.

Estamos ante una caterva de presiones directas contra el país. En apenas horas, hemos visto renovados ataques de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios gobiernos del Caribe y el secretariado de la Comunidad del Caribe, diferentes agencias de las Naciones Unidas y ayer Amnistía Internacional llegó al extremo de pretender que el Tribunal Constitucional recoja su sentencia. Más aún, denunció “amplios efectos discriminatorios”.

Ya eso va más allá del extremo. Pedir a un órgano superior de la justicia dominicana que se retracte, porque así lo entiende una organización internacional acostumbrada a ver violaciones de derechos sólo en las naciones del Tercer Mundo y de los países que no forman parte del concierto de los poderes trasnacionales, es el colmo. Nadie escucha la voz de Amnistía contra las persecuciones de inmigrantes en la Comunidad Europea, ni las discriminaciones que padecen.

De ahí a reclamar una condena de las Naciones Unidas, y más adelante sugerir hasta un boicot a la República Dominicana o a determinados productos nacionales, sólo habría un trecho.

La sentencia del Constitucional ya es un acto de la Nación, inapelable, y así tiene que entenderlo el gobierno, en la dirección en que lo hizo el consultor jurídico, César Pina Toribio:

“La decisión del Tribunal Constitucional es una decisión de cumplimiento obligatorio para todos los poderes del Estado, para el Ejecutivo, para el Poder Legislativo e incluso para el Poder Judicial”.

Las presiones y los términos en que se hacen son sencillamente inaceptables.

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