Esta semana fue sometido al Senado de la República el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación correspondiente al año 2014. Las principales críticas a esta pieza legislativa apuntan a que no representa avances en relación al presupuesto que actualmente se ejecuta y que tampoco evidencia una apuesta del gobierno por mejorar la calidad del gasto público. La inversión pública en algunas áreas fundamentales está aún por debajo de lo que establecen las leyes, mientras que otras instituciones tienen presupuestos sobrevaluados.
Nueva vez, uno de los actores estatales que será afectado es el de los gobiernos locales. El presupuesto del próximo año no tomará en cuenta lo dispuesto por la ley 166-03 y sus modificaciones, de consignar el 10% de los ingresos del Estado a los ayuntamientos. La participación de los gobiernos locales en los ingresos públicos estará por debajo del 5%. Varios alcaldes y la Federación Dominicana de Municipio (Fedomu) han señalado que estos recursos serán insuficientes para cumplir con todas las competencias que tienen los ayuntamientos en la promoción del desarrollo local. Sin dudas esta es una demanda justa, pero realizada en momentos de una creciente pérdida de credibilidad en los gobiernos locales.
Contrario a lo que uno esperaría, la legitimidad de los ayuntamientos tiende a deteriorarse. Dos hechos apuntan en esta dirección. El primero, la crisis generada con el vertedero Duquesa, debido a la incapacidad de los alcaldes del Gran Santo Domingo de buscar una solución consensuada. En segundo lugar, los resultados del reciente informe presentado por la Cámara de Cuentas y que fue realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este informe da cuenta de las serias debilidades en la ejecución presupuestaria de los 155 municipios y 232 distritos municipales. La falta de transparencia y la violación de las disposiciones legales, caracterizó el manejo financiero de estas instituciones.
En esas condiciones, resulta muy difícil que la ciudadanía se sume a la demanda de un mayor presupuesto para los ayuntamientos. Se requiere de un profundo cambio en las prácticas de los gobiernos locales. Los recursos municipales no pueden seguir sirviendo para el enriquecimiento de algunos políticos y para la puesta en práctica de acciones de carácter clientelar. Somos partidarios de que se respete la ley asignando el presupuesto que corresponde a los municipios, pero que al mismo tiempo, sus gobiernos den muestra de una mayor disposición al fortalecimiento institucional y al manejo eficiente y transparente de los recursos públicos.
