Los privilegios de los legisladores no se limitan a los exorbitantes ingresos derivados de los “barrilitos” y  “cofrecitos”. Los miembros del Congreso disfrutan de dos exoneraciones de automóviles por cada periodo constitucional; tres en el actual de seis años. Hay congresistas que tienen en su haber más de seis de esas exoneraciones. Estos son de los privilegios irritantes que deben ser eliminados, debido a que el hecho de ser electo para el Congreso no implica ganarse el derecho de situarse por encima de los demás. La ley prohíbe la venta o traspaso a terceros de las exoneraciones de vehículos, pero no respetan esa disposición y muchos de ellos tienen ya vendidas las que se auto-asignarán el año próximo.

Más que la primera, esa segunda exoneración es un abuso contra el país, porque la mayoría de los fabricantes de vehículos y sus distribuidores locales, sean autos o todo terreno, mejor conocidos como “yipetas”, ofertan cinco años de garantía o 100 mil kilómetros, de manera que una sola les bastaría para el período para el cual se escogen, que es de sólo cuatro años, afortunadamente, a excepción del actual. Para hacerlas más inconsistentes con las penosas realidades de la mayoría de quienes esos honorables legisladores dicen representar, las exoneraciones no se refieren a vehículos utilitarios, de bajo costo y consumo de combustible, sino abiertas con las que pueden adquirir sin pagar los impuestos que se les cobran al resto de la población las marcas más caras del mercado.

Los políticos favorecidos con esos excesos propios de nuestra cada vez más débil estructura institucional, se auto-proclaman defensores de los derechos del pueblo. Y en su nombre se otorgan graciosas canonjías que ofenden la pobreza nacional.

Algún día se les recordarán entre los auténticos sepultureros de una democracia viciada por la corrupción y el despilfarro de los recursos del país.

Los dominicanos hemos aceptado como normal, como cuestión de derecho, el régimen de privilegios irritantes con que son retirados los oficiales generales, coroneles y mayores de la Policía y las Fuerzas Armadas.Un régimen según el cual los generales quedan con no menos de seis a ocho hombres para su “seguridad personal”, armados hasta los dientes, y con una capacidad discrecional de acceso a facilidades de dudosa legitimidad.

Hay que advertir que no objetamos las condiciones económicas con que se retiran, pues son derechos adquiridos como servidores públicos. Lo que no se justifica es el discutido privilegio previsto, en el caso de los policías, en el artículo 134 de la ley 96-04, que instituye un  “Reconocimiento” a “los Oficiales Generales, Coroneles, Mayores en situación de retiro” para “disfrutar de los mismos reconocimientos y prerrogativas que los activos”.

Sería interesante que se explique el alcance de ese “reconocimiento”, además de las famosas escoltas. El momento es oportuno, precisamente en medio de la austeridad que se está tratando de entronizar en la administración dominicana.
No hay manera de justificar que a esos oficiales policiales se les conceda ese estatus. ¿Por qué? ¿Por los servicios a la patria?

Un general retirado habla de que “ellos se tiraron muchos problemas… y ya retirados el Estado tiene que proporcionarles seguridad” junto a su familia.
Pero una democracia no debe permitir que los oficiales “se echen tantos problemas”. No están para eso. Es para cumplir y hacer cumplir la ley.

Todo reside en que los uniformados se han desempeñado en base a una  práctica autoritaria, desde los tiempos de la tiranía trujillista. También se han acostumbrado a los favores, y cuando pasan a la vida del ciudadano común no se acostumbran ni encuentran paz espiritual, lo que probablemente no ocurre con aquellos que siempre actuaron apegados a los reglamentos y a la ley.

Son las cosas que deben cesar, que deben cambiar. Son irritantes. Ni siquiera un expresidente de la República tiene derecho a escoltas excesivas. A veces se convierten en un peligro para la seguridad nacional.