Contar con buenos empleos no sólo es importante para el bienestar de las personas, sino también para elevar su productividad. A pesar de las mejoras de las últimas décadas, numerosas ocupaciones en América Latina aún se caracterizan por salarios bajos, condiciones laborales extenuantes o peligrosas y jornadas laborales prolongadas. Esto es particularmente evidente para la amplia proporción de la población que trabaja en la economía informal, al margen de toda regulación y sin acceso a protección social.
Centrarse exclusivamente en el número de puestos de trabajo que genera una economía ofrece una imagen muy parcial de la situación, ya que el bienestar de los trabajadores también depende de forma crucial de la calidad de su empleo. Además, los empleos de más calidad pueden también contribuir a elevar la productividad haciendo posible un mejor acceso a oportunidades de desarrollo de competencias, una mejora de la gestión de salud y un mayor compromiso laboral. Este aspecto es aún más importante en los mercados emergentes, donde el principal problema no es la falta de puestos de trabajo, sino la escasez de empleos de calidad.
La calidad del empleo de las personas depende en gran medida de sus niveles de competencias. Los trabajadores poco calificados suelen desempeñar empleos con salarios bajos, trabajan más horas, con horarios más largos, en condiciones laborales más precarias y con menos acceso a la formación. Los datos de seis países de América Latina muestran que, en promedio, el ingreso por hora trabajada de quienes están poco calificados es la tercera parte del que reciben los altamente calificados. Los primeros enfrentan además un riesgo total de pérdida de empleo y de salario extremadamente bajo que es casi cuatro veces superior al de los segundos. Los trabajadores en empleos informales (muchos de los cuales presentan bajos niveles de calificación) resultan especialmente afectados por la baja calidad del trabajo. En esos seis países latinoamericanos, los trabajadores informales (en promedio más de uno de cada tres) carecen de acceso a protección social y perciben menos de dos terceras partes de lo que ganan quienes tienen empleos formales. También enfrentan un riesgo de recibir salarios extremadamente bajos que es casi ocho veces superior al de quienes trabajan en la economía formal.
Para ayudar a los trabajadores a construir una buena trayectoria profesional desde el inicio, los responsables de la formulación de políticas deberían considerar los programas activos del mercado de trabajo, incluyendo los de formación e incentivación del emprendimiento. Entre las medidas estructural prioridad (Sección 2). El aprendizaje profesional también podría permitir que los trabajadores tengan un mejor comienzo en el mercado laboral. La limitada evidencia disponible resalta la favorable experiencia de algunos países de América Latina en este ámbito; en particular Argentina y México, donde las tasas de finalización de este tipo de aprendizaje rondan el 80%. El compromiso de los empleadores también ha demostrado ser un elemento crucial para el éxito de estos sistemas de aprendizaje profesional. En Brasil, Aprendiz Legal, un programa de aprendizaje que impone a las empresas la obligación legal de contratar aprendices, ha logrado incrementar el número de puestos de este tipo.
De manera más general, los planes de formación, los subsidios para la creación de empleo y los incentivos para el emprendimiento, al igual que los programas de empleo público, pueden elevar la calidad del empleo y la productividad. En América Latina existen planes y programas específicos de empleo y capacitación que complementan el aprendizaje profesional. Entre otros, los programas BÉCATE en México y Joven en Chile, Argentina y Colombia combinan educación, capacitación para el trabajo y períodos de prácticas profesionales. Se ha demostrado que en general estos programas inciden positivamente en la formalidad del mercado de trabajo.
Al promover el acceso a empleos de calidad en todos los grupos sociodemográficos, quienes formulan las políticas en América Latina deben dar también prioridad a medidas que: protejan a los trabajadores frente a los principales riesgos del mercado laboral, aumenten la calidad de su ambiente de trabajo, mejoren los sistemas de protección social y amplíen su cobertura, y por último, afinen los estándares de seguridad y la regulación. El reto principal es encontrar el equilibrio entre protección e incentivos al trabajo. La introducción de un sistema de prestaciones por desempleo basado en cuentas individuales de ahorro en Chile ejemplifica perfectamente el tipo de reformas que persiguen reforzar el vínculo entre prestaciones e incentivos individuales.
Para promover la productividad y mejorar la calidad del empleo, los países de la región pueden ofrecer mejores incentivos para el empleo formal. Para ello, los gobiernos deben mejorar la calidad de los servicios públicos que prestan. Es también necesario reforzar el vínculo entre cotizaciones y prestaciones en los sistemas de protección social, garantizando al mismo tiempo unas redes de seguridad adecuadas. Los incentivos fiscales pueden cumplir de igual modo un papel importante al momento de promover la formalización de las relaciones laborales. Sistemas tributarios y administrativos más sencillos, procesos de registro simplificados y menos trámites burocráticos son pasos importantes para reducir el costo de la formalidad para empleadores y trabajadores autónomos. El nuevo Régimen de Incorporación Fiscal de México prevé incentivos para sumarse al sector formal de la economía, tales como una reducción de las obligaciones fiscales por el impuesto sobre la renta de las personas físicas, cotizaciones a la seguridad social, el impuesto sobre el valor añadido e impuestos especiales en los diez primeros años de actividad (Dougherty, 2015). Brasil también ha adoptado varias medidas de política para reducir los costos de acceso a la economía formal, como el régimen tributario Simples Nacional, que introdujo una estructura fiscal más progresiva y simplificó la recaudación de impuestos y cotizaciones a la seguridad social. Se estima que estas medidas contribuyeron a formalizar medio millón de microempresas, representativas de unos dos millones de empleos, entre 2000 y 2005 (Delgado et al., 2007).
Por último, la reforma fiscal colombiana de 2012, que redujo impuestos y cotizaciones (Parafiscales) sobre el trabajo, ha tenido un efecto positivo sobre la creación de empleo formal.
Los responsables de las políticas también deben mejorar la efectividad de la legislación laboral (incluidas las normativas en materia de salud y seguridad) y de la regulación de la jornada laboral, para hacer posible la convergencia con las normas internacionales del trabajo. Muy a menudo la legislación sobre la protección del empleo en las economías emergentes es estricta en el sentido jurídico, pero su deficiente aplicación termina haciéndola ineficaz. En muchos países de América Latina, por ejemplo, el impago por parte de los empleadores de las indemnizaciones por despido legalmente establecidas es un tema trascendente.
Además, los sistemas de inspección de trabajo deberían disponer de recursos suficientes para cumplir con su labor de forma eficaz. El número de trabajadores por inspector aún es muy elevado en países como Colombia y México (28,000 y 192,000, respectivamente) (OCDE, 2015b). En este último, la reforma laboral de 2012 reforzó las inspecciones y elevó las sanciones por incumplimiento. También estableció mecanismos para agilizar la resolución de los conflictos laborales y modernizó el sistema de tribunales de trabajo. Mejorar la coordinación entre los diferentes organismos gubernamentales es otro elemento indispensable para el éxito.
Principales recomendaciones
– Ampliar el acceso y uso de programas activos del mercado de trabajo y reforzar el sistema educativo.
– Incentivar, incluso mediante requisitos legales, que las empresas se comprometan a promover programas activos del mercado de trabajo.
– Aumentar la seguridad laboral y la calidad del ambiente de trabajo con mejores sistemas de protección social y una normativa de seguridad en el lugar de trabajo y laboral perfeccionadas.
– Mejorar la calidad de los servicios públicos y reforzar el vínculo entre las cotizaciones y las prestaciones de los sistemas de protección social.
– Simplificar los sistemas fiscal y administrativo.
– Mejorar la observancia de las leyes y reglamentos laborales, dotando a los sistemas de inspección de trabajo de los recursos necesarios.
