Los dominicanos todavía no terminan de liberarse de los efectos de la reforma impositiva más reciente. Quedan los remanentes y los consecuentes reajustes que han debido realizar todos los actores económicos y las personas comunes que vieron cómo sus ingresos fueron impactados por las medidas.
Siendo así, todo lo que huela a nuevas cargas impositivas tiene que provocar desazón, que en nada conviene a los esfuerzos generales del gobierno por devolver el dinamismo y confianza a la economía. Por eso, no se entiende cómo se plantea la posibilidad de modificar sistemas de recaudación cuando todavía no salimos de aquel descuadre de las economías de todos.
Podría decirse que un cambio en la estructura de cobro de impuestos a quienes tienen posibilidad o capacidad de viajar fuera del país supone un efecto directo o concentrado en grupos poblacionales en condiciones mínimas para resistir un nuevo costo.
Pero sabemos que no es verdad, porque muchas familias o personas salen del país por diversos motivos, no por placer, en atención a toda clase de compromiso. Y cualquier reforma en la estructura de precios de los costos de viajes afecta los bolsillos.
Se ha planteado que el aumento del impuesto de salida pretende resolver una cuestión meramente administrativa y operacional, por la distribución de lo recaudado y especialmente por los efectos negativos que padecen los extranjeros cuando tienen que comprar una tarjeta de ingreso al país. Todo eso está muy bien, pero el anteproyecto, tal y como ha sido elaborado, sugiere un aumento de cincuenta por ciento al contribuyente dominicano.
Más aún, es que desde el punto de vista político esa iniciativa es una imprudencia. A la Nación hay que darle más tiempo para que se cure de esa resaca dejada por la reforma impositiva recientemente implantada.
Eso tiene que entenderlo el gobierno.
