El gobierno se solaza cuando anuncia importantes inversiones, especialmente si tienen que ver con obras asociadas al nombre del Presidente de la República.Otras áreas, incluso, de la competencia de la Administración, apenas son consideradas en los planes. Sufre esa situación especialmente el Poder Judicial, con tribunales y salas que han debido estar funcionando, pero que por falta de recursos no son abiertas. Igual sufre el Ministerio Público que se asume como estamento del Estado que lidera la política anticrimen.
Lo revelado por la procuradora fiscal de la provincia Santo Domingo, licenciada Olga Diná Llaverías, llora ante la presencia de Dios. Apenas cuenta a sus órdenes con 70 fiscales cuando la demarcación que gobierna tiene una población de 2.5 millones de habitantes, para la cual requiere de un mínimo de 213 fiscales.
Si el Ministerio Público no tiene los funcionarios mínimos necesarios, ¿cómo puede acometer la función con calidad? ¿Cómo contener el sicariato, el narcotráfico, los asaltos y robos, la disminución de la conflictividad entre vecinos, etcétera?
Entonces, si el gobierno, el Presidente de la República, no consigna los recursos económicos imprescindibles, que permitan siquiera contratar el personal humano, cómo puede prevenirse y perseguir la violencia, al margen de cualquier consideración sobre causas y tratamiento de la misma.
En igual sentido, vemos la falta de colaboración de algunos alcaldes de la provincia Santo Domingo, que deben tener un rol más activo en apoyo al programa de las fiscalías municipales, llamadas a jugar un mejor papel para la solución temprana de conflictos o para propiciar vías de conciliación entre los vecinos que impidan que muchos casos terminen en los tribunales.
Con excepción del alcalde de Santo Domingo Oeste, Francis Peña, la queja es que no hay colaboración debida que apoye los programas comunitarios de la Fiscalía de la provincia.
El Poder Ejecutivo y las alcaldías deben mejorar las capacidades operativas del Ministerio Público para que pueda cumplir su misión. Y no sólo en lo que respecta a la provincia Santo Domingo, sino en todo el país.
La Procuraduría General de la República parece empeñada en cumplir su papel, pero necesita más dinero, aunque Francisco Domínguez Brito no lo diga.
