El reelecto presidente Danilo Medina deberá en su nueva gestión emprender numerosas iniciativas de índole económica que incluyen discusiones de temas que fueron postergados, retomar obras cuyas ejecuciones fueron ralentizadas en la primera parte del año y corregir algunas distorsiones que se produjeron en las finanzas públicas.
Al presidente le esperan medidas estructurales y ajustes. Serán decisiones administrativas algunas y legislativas otras.
El reinicio de la discusión del pacto eléctrico, el comienzo del debate del pacto fiscal, la terminación de obras de infraestructuras estratégicas desde el punto de vista del Gobierno, la continuación de negociaciones que involucran mayores asignaciones presupuestarias y el reenfoque del gasto público (que se calentó en el primer cuatrimestre), son temas que surgen como materia pendiente del Gobierno, algunos de los cuales serían iniciados desde el mismo período de transición.
El Gobierno tendrá, asimismo, que culminar e inaugurar algunas obras que, como el proyecto habitacional La Barquita, dejó en suspenso en los dos últimos meses de la campaña electoral.
En materia fiscal se anticipa que deberán producirse las primeras gestiones estatales, comenzando por corregir el calentamiento que se produjo en el gasto público en el primer cuatrimestre del año. Un aumento del gasto combinado con una caída de las recaudaciones fiscales internas, en un 5% en el primer cuatrimestre medida frente al estimado, apuntan a que al menos en el segundo semestre el Gobierno genere algunos ajustes, para nivelar el presupuesto y llevarlo a un déficit en una proporción similar a la proyectada en el presupuesto del año.
Con un déficit de caja en los primeros cuatro meses de alrededor de RD$40,000 millones, el aparato fiscal deberá acomodar el ejercicio presupuestario para que en los últimos meses del año haya un desempeño cercano al equilibrio, de forma tal que al cerrar el 2016 la diferencia entre gastos e ingresos quede alrededor de los RD$77,000 millones aprobados.
El Gobierno tiene experiencia en realizar ajustes. Cuando asumió en agosto del 2012, el presidente Medina halló un déficit fiscal cercano al 8% del PIB, y aplicó un severo programa de austeridad que prácticamente inmovilizó la economía, contracción que estuvo vigente hasta el primer trimestre del año siguiente, cuando fue necesario darle un ligero respiro a las inversiones públicas, que son generalmente la parte por donde se comienza la disminución de gastos. A partir del segundo cuatrimestre de ese año, el Gobierno dispuso soltar el gasto y dispuso invertir unos RD$16,000 millones que había ahorrado por encima de la meta y que había deprimido la economía.
En el nuevo escenario post electoral, con un una expansión del gasto muy inferior a la del período similar del 2012, las decisiones fiscales del Gobierno deberían limitarse a manejar las finanzas públicas ajustando sus gastos no fijos según su flujo de caja y refiriéndolos al monto total del presupuesto por ejecutar. Deberá tener en cuenta que el manejo presupuestal de los últimos siete meses del año no deben afectar las proyecciones de crecimiento de la economía, que para todo el 2016 son de 5.5%.
Reformas
Desde el punto de vista estructural, el Gobierno deberá enfrentar el tema eléctrico, el reinicio del debate laboral e iniciar el tema más delicado, la discusión del pacto fiscal, que tiene vínculos amplios en toda la economía.
El Pacto Eléctrico, uno de los tres mandatos de la Estrategia Nacional de Desarrollo para ser iniciados durante el 2015, comenzó a ser discutido en el seno del Consejo Económico y Social, pero entró en receso por temas que presentaron en la forma, pero que en realidad tenían mucho de fondo. Es un tema muy conflictivo por los intereses económicos que envuelve.
Como elemento adyacente a las discusiones del pacto eléctrico está el tema de la construcción de la central Punta Catalina, la iniciativa central del Gobierno para enfrentar el problema eléctrico. Con dos unidades a carbón que aportarán 700 megavatios al sistema, el Gobierno concibió ese proyecto como un arma convincente para negociar con los generadores privados, cuyos contratos de suministro de electricidad (los del llamado Acuerdo de Madrid) terminan este año, a más tardar en julio. Con la oferta de Punta Catalina el Gobierno proyectó, tener un elemento de negociación más ventajoso, porque tendría oferta y precio competitivo. Pero el proyecto se ha ralentizado porque los problemas políticos de Brasil interfirieron en el financiamiento de la obra, que en un alto monto provendría de una institución crediticia estatal de ese país suramericano. El Gobierno dominicano ha estado aportando recursos del presupuesto. Hay en el escenario una serie de demandas sociales, como las planteadas de que se les asigne un volumen de recursos equivalente al 5% del PIB al sector Salud, que plantean la necesidad de buscar fórmulas para financiar esas “demandas sociales”.
El Pacto Fiscal está a la vuelta de la esquina
También en el área fiscal, la administración Medina está conminada a iniciar la discusión del Pacto Fiscal, por mandato y por necesidad operativa. Hay en el escenario una serie de demandas sociales, como las planteadas de que se les asigne un volumen de recursos equivalente al 5% del PIB al sector Salud, que plantean la necesidad de buscar fórmulas para financiar esas “demandas sociales”. Además el tema de la deuda pública, cuya cuantía ya se aproxima al 40% del PIB, reclama ir identificando mecanismos para enfrentar su pago. El pacto fiscal parece ser el escenario más idóneo. Pero el sector privado, temeroso de que haya una reforma unilateral, solo del lado de los ingresos, lo que implicaría únicamente crear nuevas cargas impositivas, parece no estar dispuesto a ser un actor pasivo y desde hace tiempo está planteando una reforma fiscal integral, es decir, que abarque ingresos y gastos.
