Cada vez que se quiere implantar una norma, surgen voces, a veces las mismas que la exigieron, que piden posponer su aplicación, revisión o en caso extremo, dejarla de lado.
Pero así somos. Sin embargo, hay que insistir en la necesidad de que las leyes, normas o acuerdos sean cumplidos. Ahora es el reglamento de la ley 285, aprobada hace ocho años, y que estuvo colgando hasta que en octubre pasado se aprobó el reglamento para poder implantarla.
El reglamento es un tremendo documento que en su momento consideramos que resolvería a la República muchos problemas de seguridad, mercado laboral, régimen fronterizo en general y especialmente, respecto a ciertos organismos internacionales que tienen sus ojos puestos sobre el país.
Quizás algunos actores no se dieron por enterados cuando el reglamento fue aprobado y suscrito por el Poder Ejecutivo, con todas sus implicaciones. Esa vez, el propio presidente de la República se empeñó en advertir que desde ese momento los extranjeros que entren al país en calidad de asalariados debían llegar con un contrato, visa especificada, una póliza de seguro por cuenta del contratante, quien además quedaba comprometido a garantizar el retorno a su país de ese trabajador.
Quienes leyeron el reglamento saben que es bien estricto y justo. Naturalmente que tendrá un impacto en la economía de muchas empresas, negocios y pequeñas fincas que utilizan mano de obra ilegal. Si la norma entrara en vigencia de manera efectiva, podría ser dramática para algunos de esos productores, pero no será así. La dinámica social sugiere que será un impacto gradual. En lo inmediato podría tener algún efecto en las empresas formales, pero como siempre vendrán los atajos vinculados a la aplicación de la ley.
Lo que no debe aceptarse es una posposición. La ley y el reglamento son fundamentales para la seguridad nacional, la lucha contra el crimen, la competitividad bien entendida, para el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y para el buen nombre del país.
