La República Dominicana se coloca entre los países de la región que registran mayor percepción de corrupción, con 78.1 puntos, según el estudio Barómetro 2012. Este fenómeno se ha tornado sistémico y estructural, pues involucra a distintos sectores y actores de la vida nacional y ha estado presente por décadas en el ámbito público y privado. Una vez que la corrupción se hace sistémica, según el experto Daniel Kaufmann, “la probabilidad de detección y sanción disminuye y se crean incentivos para que la misma siga aumentando”.
Es por esta razón que se hace necesaria la promoción de prácticas transparentes en el Estado dominicano, pero al mismo tiempo, de políticas públicas dirigidas a reducir los niveles de impunidad que ha prevalecido en el país a lo largo de su historia política. La transparencia está basada en la apertura y la rendición de cuentas como un valor fundamental del Estado y consiste en propiciar el libre acceso de los ciudadanos y las ciudadanas a las informaciones públicas.
La transformación hacia una cultura de la transparencia, supone un cambio fundamental en la manera que se toman las decisiones en el sector público.
Esto implica volver a la cultura de la legalidad, abandonada desde hace mucho tiempo. Para esto es necesario una efectiva aplicación de las reformas que en materia de transparencia se han aprobado en el país, entre las que se encuentran fundamentalmente el libre acceso a la información oficial, la ley de Compras y Contrataciones, la ley de Función Pública, la declaración jurada de bienes por parte de los funcionarios públicos, entre otras.
Enfrentar la impunidad pasa por el fortalecimiento de las instituciones de control y fiscalización del país, como el caso de la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas. Al mismo tiempo, es fundamental que la justicia, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, cuente con la independencia necesaria para desempeñar de manera efectiva su rol de investigación y sanción de la corrupción, sin que sea afectado por decisiones políticas.
Al mismo tiempo, es necesario contribuir con el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil dominicana, de manera que asuman un papel más activo en el monitoreo ciudadano de la gestión gubernamental y en la denuncia y rechazo de la corrupción administrativa. Para ello, es necesario continuar con los procesos de movilización ciudadana en contra de la impunidad y desarrollar campañas de educación cívica dirigidas a crear una mayor consciencia sobre el impacto negativo de la corrupción a nivel económico, social y en materia de seguridad ciudadana.
