Las presiones ejercidas por la sociedad dominicana sobre la clase política a partir del 2010 para que se cumpliera la disposición legal que establecía en 4% del PIB el monto del Presupuesto del Gobierno a ser destinado a la educación, culminó el 7 de septiembre del 2011 cuando los candidatos presidenciales firmaron el Pacto por la Educación.
Honrando el compromiso asumido, el Gobierno de Danilo Medina, en el Presupuesto del 2013, asignó el 4% del PIB a la educación. Analizando la ejecución presupuestaria de ese año y calculando, como lo hacen los demás países de la región, el gasto realizado en servicios de educación, tenemos que en el 2013 el gasto público en educación alcanzó 4.09% del PIB.
Cuando contrastamos ese nivel con el gasto público en educación como porcentaje del PIB realizado por los demás gobiernos latinoamericanos, teniendo en cuenta que en algunos países la mayor parte del gasto no la realiza el Gobierno Central sino las jurisdicciones provinciales y los gobiernos municipales, tenemos que el promedio de la región fue de 4.98% del PIB, con un mínimo de 2.85% en Guatemala y un máximo de 6.87% en Costa Rica.
Visto a la ligera alguien podría indicar que todavía estamos lejos del promedio y que el esfuerzo que hemos realizado es insuficiente. Cuando se observa la fuente que permite financiar el gasto público en educación en la región -los ingresos tributarios-, podemos medir con más precisión la intensidad del esfuerzo.
La República Dominicana tuvo una presión tributaria de 14.0% en el 2013, inferior al promedio de 22.0% que exhibió la América Latina y el Caribe ese año. Solo Guatemala, con 13.0%, tuvo una presión tributaria menor.
Cuando se calcula el esfuerzo realizado por cada gobierno, lo que viene dado por el porcentaje de los ingresos tributarios que el Gobierno está gastando en educación, se tiene que sólo Honduras con 32.6% y Costa Rica con 30.7%, superan el esfuerzo de 29.2% que realizó República Dominicana en el 2013.
Esta medición, sin embargo, no muestra con precisión el nivel real de esfuerzo pues no corrige por la fuerte diferencia que puede existir entre las presiones tributarias de los países analizados.
Un indicador más preciso es la disponibilidad de recursos que le queda al Gobierno para cubrir todas las demás responsabilidades una vez deduce lo que ha gastado en educación.
Cuando ese indicador se construye para la América Latina y el Caribe en el 2013, se observa que el Gobierno de la República Dominicana fue el gobierno de la región que más esfuerzo realizó en la provisión de servicios de educación.
Después de asignar los recursos a la educación, al Gobierno dominicano apenas le quedaron recursos ascendentes a 9.9% del PIB para cubrir todos los demás gastos públicos.
Al gobierno de Guatemala le quedó 10.2% del PIB. A la mayoría de los países de la región le quedó más de 15.0% del PIB para cubrir el resto de las responsabilidades gubernamentales, destacándose el de Brasil, que dispuso de 29.5% del PIB de excedente luego de financiar el gasto público en educación.
Para comprender mejor la magnitud del esfuerzo fiscal que la sociedad dominicana obligó a hacer al Gobierno en el 2013, sólo hay que observar que mientras el gasto público en educación en la región aumentó en 1.43% del PIB en trece años al pasar de 3.55% del PIB en el 2000 a 4.98% en el 2013, la presión tributaria de la región aumentó en 4.4% del PIB, al pasar de 17.6% del PIB en el 2000 a 22.0% del PIB en el 2013.
En el caso de la República Dominicana, el gasto público en educación aumentó en 1.61% del PIB del 2012 al 2013; en un solo año aumentó más de lo que logró aumentar la región en trece. Lo más sorprendente de este resultado es que la presión tributaria del 2012 al 2013 apenas aumentó en 0.6% del PIB.
Muchos podrían sentirse excitados con tan extraordinario logro. Sin embargo, si observan cuidadosamente las cuentas fiscales, rápidamente descubrirán que el mismo no es sostenible. En otras palabras, los ingresos tributarios del gobierno dominicano no son suficientes para soportar el gasto público en educación de 4% del PIB.
La única forma de mantener ese logro sería desatendiendo todas las demás áreas que necesitan de recursos públicos y manteniendo un elevado déficit del sector público consolidado de 5% o más del PIB que colocaría la deuda pública en una clara trayectoria de insostenibilidad.
Las opciones son desagradables y la sociedad dominicana va a tener que tomar una decisión. La primera opción sería reducir el gasto público en educación de 4% a 3% del PIB, hasta tanto tenga lugar un aumento en las recaudaciones tributarias que la lleve por encima del 16% del PIB. La segunda opción es mantener el 4% y permitir que el Gobierno siga endeudándose local e internacionalmente para financiar un déficit público de 5% o más del PIB. Como la tercera es políticamente incorrecta, la dejamos a su imaginación. l
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