PANAMA — El gobierno panameño anunció el viernes la derogación de la polémica ley que permite la venta de las tierras de la zona libre de Colón, en una jornada en que las protestas callejeras contra esa norma terminaron con actos de vandalismo en el centro de la capital y en la provincia colonense con 236 personas detenidas.
El ministro de la Presidencia, Roberto Henríquez, informó en una rueda prensa que por solicitud del mandatario Ricardo Martinelli, de viaje por el exterior, y la mayoría de diputados oficialistas en la Asamblea Nacional, se decidió impulsar un proyecto en el pleno para derogar la norma, que fue aprobado en primer debate el viernes. Quedaron pendientes dos debates que se tramitarán el fin de semana.
Los líderes del Movimiento Amplio Colonense, que impulsaron las protestas en las calles contra la ley en la provincia de Colón desde hace una semana, aseguraron que levantan las medidas de presión ante la decisión gubernamental.
Las protestas sacudieron a este pequeño país centroamericano de 3,5 millones de habitantes que en los últimos años ha liderado el crecimiento económico en América Latina.
«Es un crecimiento que tiene sus injusticias, como en Colón», planteó el analista político José Isabel Blandón padre. Dijo que el 50% de los 245.000 habitantes de Colón son pobres y viven en la miseria.
Martinelli, un líder populista de derecha y magnate de los supermercados cuyo quinquenio culmina en julio del 2014, fue criticado por no haber regresado de inmediato al país para atender la crisis.
«La culpa de todo este caos es de Martinelli por gobernar a espaldas del pueblo e imponer leyes sin consultas», se quejó Saúl Méndez, secretario del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, que aglutina a unos 100.000 obreros.
El país amaneció el viernes con una huelga de 24 horas impulsada por ese sindicato en solidaridad con los reclamos populares en la provincia de Colón, situada a 80 kilómetros al norte de la capital y centro de las protestas desde la semana pasada, que hasta el momento dejaron al menos tres muertos, incluyendo un menor de 10 años y dos adultos.
Los centenares de huelguistas bloquearon desde las primeras horas numerosos puntos de la capital, lo que congestionó fuertemente el tráfico, y marcharon luego hacia una plaza cercana a la Asamblea Nacional, donde horas después estallaron enfrentamientos entre la policía antidisturbios que lanzó gases lacrimógenos mientras los manifestantes respondieron con palos y piedras.
Los manifestantes huyeron en masa de la zona que quedó cubierta de un manto gris por los gases y se refugiaron en una zona contigua de tiendas y comercios, algunos de los cuales fueron saqueados, informó la Policía Nacional.
En esos actos de vandalismo en la zona conocida como Calidonia, en el centro de la capital, fueron detenidas al menos 200 personas y dos resultaron heridas, señaló la policía.
En Colón permanecían detenidas alrededor de 250 personas por las protestas desde la semana pasada, que además de los tres muertos dejaron decenas de heridos por impacto de bala en esa provincia, la segunda más importante del país, según los dirigentes de las protestas.
El viernes también se reportaron saqueos y 34 detenidos en Colón, según la policía.
Las manifestaciones estallaron con fuerza hace una semana en Colón después de que el legislativo aprobó a toda prisa la ley. Martinelli la sancionó de inmediato antes de partir a una gira por Japón y Vietnam el sábado.
Los colonenses rechazaron que se vendieran las tierras porque consideran que son activos valiosos y un patrimonio de la provincia, aquejada históricamente por la pobreza.
El gobierno había propuesto el martes modificar la norma para elevar los aportes de las ventas de las tierras de un 35 a 100% para destinarlos a proyectos sociales en Colón. Luego Martinelli se comprometió a no vender las tierras, pero el Movimiento Amplio Colonense exigió la derogación total de la ley.
El gobierno aseguró que buscaba vender las tierras a las empresas que operan en la zona franca para obtener ingresos frescos y destinarlos a Colón, entre otras razones.
Establecida en 1948, la zona libre cuenta con 1.000 hectáreas (2.471 acres), de las cuales entre 500 y 600 hectáreas (1.235 y 1.482 acres) son alquiladas por 2.000 empresas, según estimaciones oficiales. Otras 1.200 empresas no tienen presencia física y operan de papel.
Se estima que la zona, que emplea a 30.000 personas, cerrará este año con un movimiento comercial por 30.000 millones de dólares.
Colón, con 245.000 habitantes, es considerada la segunda provincia en importancia del país en lo económico y logístico, aunque la pobreza afecta a la mitad de sus habitantes, según cifras oficiales e independientes.
