La seguridad en las estaciones de venta de gas licuado de petróleo (GLP) es un tema que incumbe directamente al Estado. Es lo que en términos jurídicos se define como de orden público.Los accidentes que han ocurrido en el último mes en tres envasadoras de GLP han movido la acción pública en materia de regulación.
Era de esperar que esos hechos, con su secuela de tres muertos, varios heridos, numerosas casas y vehículos destruidos, movieran la acción de las instancias oficiales encargadas de las autorizaciones para la operación de ese tipo de negocios.
Ayer el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), como instancia responsable de regular y supervisar las actividades de importación, distribución, transporte y expendio de combustibles, emitió la Resolución número 31, con una serie de directrices atinentes a las disposiciones operativas de las envasadoras de GLP.
En primer lugar la resolución del MIC -que se publica como espacio pagado en otra parte de esta edición-ordena suspender temporalmente las evaluaciones de funcionalidad de terrenos en los cuales se hayan solicitado permisos para instalar nuevas envasadoras. La suspensión es hasta tanto sean revisados y actualizados los requisitos de seguridad, las distancias mínimas requeridas respecto a viviendas familiares, centros de aglomeración de personas como hospitales, escuelas, iglesias, teatros, parques y similares.
En los tres accidentes que ocurrieron en menos de un mes, un punto común fue la cercanía de las envasadoras con barrios y residenciales.
La resolución también ordena a la Dirección de Hidrocarburos del MIC inspeccionar todas las plantas envasadoras en operación y evaluar el cumplimiento de las medidas de seguridad y de prevención de incendios previstas en el decreto 307-01.
Lo criticable es que se esperara que se produjeran tres lamentables accidentes para actuar. Las ordenanzas contenidas en la resolución 31 deben ejecutarse.
