La creación de un ambiente de seguridad ciudadana requiere de mucha voluntad política. En los gobiernos del doctor Leonel Fernández se pudo contar con su apoyo directo, sin limitar iniciativas y creatividad.
La seguridad ciudadana es garantizar el ejercicio de los derechos. Eso lo puede hacer solo el Estado. Debe identificarse el rol de las instituciones a liderar un plan sobre el tema; corresponde hacerlo al Ministerio de Interior, no al Ministerio de Defensa.
El primero es el cercano a la población, por eso coordina, además de la PN, los ayuntamientos y gobernaciones. El rol del Ministerio de Defensa es garantizar la soberanía del territorio y del Estado. De ahí que el personal militar tiene un entrenamiento distinto al policial. Este es de acercamiento a los ciudadanos y uso cero, en lo posible, de la fuerza. El personal militar es siempre de exhibición y uso de la fuerza. Esta diferencia es por la cual resultan improcedentes los patrullajes mixtos.
El tema implica seguimiento continuo de la violencia y sus causales. Por ejemplo, alrededor del 70% de los homicidios eran con armas de fuego: los disparos al aire afectaban a muchas personas. Las estadísticas demostraban que la violencia proviene no sólo de la delincuencia, sino también de la convivencia ciudadana.
De ahí que el Ministerio de Interior, conforme a la Ley, asumió el control total de las armas de fuego comercializadas y usadas por la población civil. Se establecieron controles sobre las armerías y guardianes de seguridad. Las instituciones militares y policiales dejaron de facilitar armas a civiles con Formularios 25 y remitieron al Ministerio de Interior los listados con los datos personales de quienes habían sido favorecidos con los mismos; todos fueron llamados para su registro legal; y a quienes se resistieron, sus armas les fueron incautadas.
Exhibir el arma y portarla como vaqueros en la cintura, daba lugar a su incautación; igualmente que en centros de diversión. Disparada al aire, se buscaba el autor y se le incautaba y se le sometía a la justicia. En conflictos maritales se retenía el arma, hasta que el Ministerio Público autorizara o se le incautaba, al hombre o la mujer, si había sentencia condenatoria; igual ocurría con otros hechos delictivos.
El registro y seguimiento de las armas es necesario. Cuando empezó el gobierno encabezado por el Dr. Fernández, en 2004, el Ministerio de Interior aumentó el registro, obligando a los usuarios, y de 25 mil llegó a 202 mil armas, que eran las que estaban sin registros e ilegales. Se autorizaba, previa evaluación psiquiátrica, anti-dopimg, verificación de no condena penal, origen legal del arma y haber recibido entrenamiento en polígono de tiros. Las armerías debían exigirles a los fabricantes codificación de las municiones, referidas a los lotes de cada armerías; y llevar un registro con los datos de la venta.
Se separó el porte de la tenencia y en Navidad se prohibía el porte. Se controló el horario de expendio de alcohol, conforme a los días de semana con mayores riñas. Los dos programas de controles de horarios y de armas de fuego fueron dirigidos por dos mujeres, Ana Silvia Moronta y Milka Terrero, respectivamente, nombradas Viceministras por el Presidente.
Definitivamente, los privilegios irritan, por lo que hubo voluntad política y aplicación de los criterios con eficiencia, dedicación, honestidad e igualdad de trato. l
