El 2013 contará en los anales del país como el año en que se definió uno de los temas más contradictorios de la historia republicana: la nacionalidad. Lo hizo el recién instaurado Tribunal Constitucional a través de la sentencia 168/13 emitida el 23 de septiembre de este año y hecha pública el día 25 siguiente, y sienta los criterios para obtener la nacionalidad dominicana por el derecho de suelo y por eso es sin duda el tema más sobresaliente no solo de este año sino de los últimos tiempos por las profundas contradicciones que ha generado en el país y las consecuencias en el plano internacional.
El fallo establece que a los hijos de las personas que residen ilegalmente en el país desde el 1929 hasta la fecha no les corresponde la nacionalidad dominicana. La sentencia que fue aprobada con los votos disidentes de las juezas Katia Miguelina Jiménez y Ana Isabel Bonilla, manda a la Junta Central Electoral a hacer una auditoría del registro civil desde el 1929 hasta el 2007 y al Gobierno a implementar el Plan Nacional de Regularización en tres meses. Las reacciones en contra del fallo por parte del Gobierno haitiano no se hicieron esperar. El 30 de septiembre Haití llamó a consulta su embajador en el país por el fallo.
En octubre
El dos de octubre Haití llamó a consultar al embajador del país ante ese gobierno, Rubén Silié. El cuatro de ese mismo mes una comisión del Senado de Haití se reunió con su homólogo dominicano y advirtió que la sentencia tendría repercusiones internacionales sobre el país.
El día seis de ese mismo mes el presidente Danilo Medina entra al debate sobre la sentencia con una reunión que sostuvo con un grupo de supuestos afectados y dos días después declaró que el fallo provocó un problema humano que era necesario resolver. El 15 de octubre un grupo de mujeres que viajó al país para participar en una cumbre de la Cepal incidentó la intervención del presidente en ese evento bajo el lema “todas somos Haití”, acción que fue repudiada por dominicanas estaban en la escena y que defienden el fallo. Para esa fecha ya Haití había iniciado contactos con organismos internacionales para lograr condena contra el país por la sentencia como fue el caso del Caricom cuyo organismo emitió el 17 de octubre un comunicado de rechazo a la sentencia.
El 28, el Gobierno envió a Washington, Estados Unidos, una misión de alto nivel encabezada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el consultor Jurídico, César Pina Toribio; el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario. Poco después el presidente Medina se reunió con los representantes diplomáticos de varios países para explicar el fallo. El 28, la haitiana Marie Desir, se acogió al fallo y migración la dotó de una residencia temporal. El 31, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, emitió una inusual aclaración pública en defensa del fallo.
Hechos relevantes en noviembre
El seis de noviembre un grupo que defiende la sentencia realizó una concentración en el Parque Independencia en defensa del fallo. El 7 de noviembre la JCE publicó el inventario que hizo al Registro Civil desde el 1929 hasta el 2007 que arrojó que hay inscritos 53 mil 847 extranjeros, de los que 24 mil 689 están inscritos de manera irregular y de esa cantidad solo 13 mil 637 son haitianos. El ocho de noviembre la Unión Europea y las Naciones Unidas reconocieron la soberanía del país para decidir sobre la nacionalidad.
Una comisión de alto nivel del gobierno viajó a Venezuela que se ofreció como mediadora entre la República Dominicana y Haití ante la situación. El 22, ambos gobiernos firmaron un pacto para dialogar y ese mismo día el Gobierno aprobó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Pero pocos días después el Caricom, ante una propuesta del presidente haitiano, Michel Martelly, bloqueó el ingreso del país a ese organismo como represalia por el fallo. Esa actitud del gobierno haitiano provocó la ruptura del diálogo entre los dos países y así lo anunció el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. La situación provocó tensión en la frontera por lo que fue reforzada la seguridad del lado dominicano.
Diciembre, llega la CIDH
El 2 de diciembre una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició una visita “in loco” en el país para constar la situación de los derechos humanos provocada supuestamente por el fallo. La investigación concluyó el jueves cinco y el viernes siguiente emitieron un informe preliminar en el que calificaron al país de racista y que priva de la nacionalidad de manera arbitraria a las personas de ascendencia haitiana. El tres, Montalvo anunció que el Gobierno someterá una ley especial de naturalización. Hasta ahora el proyecto no ha sido presentado. Haití y República Dominicana acordaron retomar el diálogo con la mediación de Venezuela.
Los que han favorecido y rechazado la sentencia
El expresidente Leonel Fernández, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, el jurista Juan Miguel Castillo Pantalén, Marino Vinicio Castillo y Miguel Vargas figuran entre los que han salido en defensa del fallo y de la soberanía nacional. En contra se han pronunciado el expresidente Hipólito Mejía, el miembro titular de la JCE, Eddy Olivares, los juristas Eduardo Jorge Prats y Olivo Rodríguez Huertas, los periodistas Juan Bolívar y Huchi Lora, además de varias entidades de derechos humanos. Los comunicadores sometieron un recurso ante la Fiscalía del Distrito para que se investigue el origen de epítetos en su contra. Una contra querella presentó la Red Nacional en Defensa de la Soberanía, que los acusó de violar el Código Penal y revelarse contra la soberanía.
