Sería una pena

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) acaba de ofrecer una importante colaboración al gobierno con la realización del “Diagnóstico sobre la labor de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado en el marco del Plan&#823

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) acaba de ofrecer una importante colaboración al gobierno con la realización del “Diagnóstico sobre la labor de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado en el marco del Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado”.

La Finjus caracteriza el estado en que se encuentra esa comisión, y los progresos, si así podrían llamarse, que ha alcanzado en base a la misión que le encargó el Poder Ejecutivo con la emisión del decreto 624-12 del 15 de noviembre. Fue una de las primeras medidas del presidente Danilo Medina en su empeño por mejorar la vida de los ciudadanos de bajos ingresos.

El decreto fue visto como parte esencial de las políticas que se podían vincular a la inclusión de los pobres al sistema de financiamiento, sea a quienes viven hacinados en los barrios (Banca Solidaria), a los pequeños y medianos empresarios (Fundación Banreservas), a los pequeños emprendedores del agro y la agroindustria (Bagrícola y el Feda). El Plan de Titulación se pensó para incorporar a quienes ocupan un terreno del Estado a la posibilidad de acceder al crédito o aumentar su patrimonio familiar. Ese proyecto está a un tris del colapso, de acuerdo con el diagnóstico de Finjus.

Sería una pena que ocurriera así. Resalta en el informe de Finjus que la Comisión no ha encontrado el suficiente apoyo en las instituciones estatales propietarias de bienes inmuebles, lo mismo que en el Poder Ejecutivo que la creó. El Poder Judicial, a través de la Jurisdicción Inmobiliaria, ha reaccionado en la misma medida en que ha recibido un apoyo mínimo. Pero ha podido avanzar más, siempre que la Comisión funcione o que las instituciones del Estado vinculadas a la tierra hagan sus tareas.

La titulación es una buena idea, pero requiere el mismo apoyo que el Ejecutivo brinda a otros programas. Y tiene tanto o más valor que el resto de los que estimula y que están vinculados a la lucha contra la pobreza.

Corresponde al gobierno atender las observaciones de la Finjus y disponer los correctivos de lugar. Sería una pena que el plan fracase. 

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