La peor crisis que afronta nuestra sociedad no es la económica como muchos pudieran pensar, sino la crisis de valores que la afecta a todos los niveles. Lo peor es que la solución de la misma puede ser aún más compleja que la de muchos problemas de nuestra economía.

Nuestra sociedad vive entrampada en una  doble moral. Por un lado porque autoridades públicas y privadas muchas veces exigen cumplimiento sin tener la calidad para hacerlo por sus malas conductas y, por el otro, porque existe una gran desigualdad ante la ley.

Todo esto ha ido erosionando los niveles de confianza, credibilidad y respeto de nuestras autoridades, al tiempo que cada vez más ciudadanos, motivados en parte por el mal mensaje que reciben, asumen malas prácticas y deciden vivir al margen de la ley.
Y es que el verdadero respeto no se impone, sino que se gana gracias a un buen accionar; así es que  cuando se exige lo que uno mismo no hace, no se puede esperar un alto nivel de cumplimiento.

Para nadie es un secreto que en toda actividad delictiva que acontece en nuestro país, hay miembros de nuestras fuerzas del orden involucrados. Tampoco es un secreto para nadie que gran parte de los miembros de estos cuerpos han hecho de su investidura un lucrativo negocio privado.

Mientras el mensaje que se esté transmitiendo a la población sea que funcionarios, congresistas u otras autoridades puedan violar impunemente la Constitución y las leyes;  puedan malgastar discrecionalmente los fondos públicos  sin estar sometidos  a controles efectivos,  rendiciones de cuentas y ejemplares sanciones;  puedan actuar como si fueran  dueños de las calles, deteniendo el tráfico e irrespetando  semáforos sin que se trate de funcionarios cuyo rango amerite tales privilegios o de misiones que así lo justifiquen; puedan  enriquecerse vertiginosamente en el ejercicio de sus mandatos, sin tener  justificación válida para el dramático cambio de su nivel de vida antes y después de sus funciones, esta sociedad seguirá siendo un caldo de cultivo para que, en medio de tantas desigualdades, pobreza y falta de oportunidades, cada vez más personas tentadas por querer  ser parte del modelo consumista que le están exhibiendo, elijan el mal camino  de conseguir dinero a cualquier precio, así sea robando, matando o traficando con drogas.

Estos excesos y acciones contrarias a la ley encubiertas  por la dañina impunidad han ido aniquilando nuestras instituciones y envileciendo la  población, círculo vicioso que solo podría ser detenido si empezamos a sancionar judicial y moralmente estas malas acciones.

Sin embargo, nuestras autoridades, en su arrogancia, se hacen las ciegas y sordomudas ante esta situación, pretendiendo  manejar mediáticamente estos asuntos que minimizan una vez consiguen los votos que necesitan, sin darse cuenta de que están socavando las bases de la sociedad en que vivimos y que llegará un momento en que ellas mismas serán víctimas del propio monstruo que han creado. 
La autora es abogada y comunicadora
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