El Ministerio Público presentó ayer formal acusación contra 24 presuntos miembros de una red internacional de narcotráfico y lavado. También archivó el proceso para la presentadora Angie Agramonte.
Según informó Germán Miranda Villalona, director de la procuraduría especializada contra lavado de activos, a esta organización, encabezada por los hermanos Húber Oswaldo y Ángel María Buitrago, se le ocupó 7 fincas, una villa, varios apartamentos en Santiago y en Santo Domingo, más de 20 vehículos de lujo y más de un millón de dólares en efectivo.
El Ministerio Público solicita auto de apertura a juicio contra los acusados.
Sacan a presentadora de expediente
El funcionario reveló que la presentadora de televisión Angie Agramonte, que en principio se le acusó de pertenecer a la red, fungirá como testigo principal del Ministerio Público.
“Con Agramonte se va a probar la participación, de los conocimientos que ella tuvo, con relación al transporte del dinero de esta organización, detalló.
Precisó que el Ministerio Público decidió dar un archivo provisional a favor de Agramonte porque no se pudo recolectar pruebas en su contra más allá de su vehículo con trazas de droga y la carga de más de 300 mil dólares contenidos en dos maletas que eran propiedad de Ginaliz Quintero Flores, una de las procesadas.
Sostuvo que pactaron con ella para que sirva de testigo contra los imputados. “Estamos conversando con ella (Angie) y tomando todas las medidas necesarias por la delicadeza y la complejidad del caso”, indicó. Adujo que la presentadora colaboró con las autoridades y dio su versión de lo ocurrido. Con el archivo del caso cesa la medida de coerción contra Agramonte. En el caso de Angie, en ningún momento aparece en la inteligencia original del caso”, aclaró.
Una acusación amplia contra los encarcelados
La acusación consta de 296 páginas y fue depositada por ante la coordinación de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional. Los tipos penales atribuidos a la red son: narcotráfico, lavado de activos, falsificación pública, doble cedulación y porte ilegal de arma. Pueden ser condenados de 5 a 20 años. Los fiscales que llevan el caso son Milciades Guzmán y Engel Reyna.
