El abogado Carlos Salcedo depositó ayer una querella, con constitución de actor civil, contra el exjuez español Baltasar Garzón por alegado ejercicio ilegal de la profesión en el país.Salcedo sostiene que el hecho de que Garzón “haya solicitado al procurador General de la República la libertad de Luis Álvarez Renta y aduciendo razones para la procedencia de un hábeas corpus en la República Dominicana, es un ejercicio ilegal de la profesión”.
Estas diligencias, a juicio de Salcedo, son propias de un abogado, por tanto, Garzón está ejerciendo la profesión en el país sin el exequátur debido, ni la validación de su título. El querellante pide una indemnización de RD$250 millones que, dijo, serán destinados para la formación de los juristas dominicanos.
“El señor Baltasar Garzón tendrá que verse con el Ministerio Público y nosotros estaremos acompañando el proceso… esto es una acción ejemplar, porque la República Dominicana no es un país a descubrir, este en un país civilizado, él no puede venir a la República Dominicana a ejercer por intereses particulares”, dijo Salcedo.
Manifestó que los abogados en el país tienen que respetarse y que Garzón puede venir a dar consultas en materia de derecho comparado, pero no a ejercer en representación de Luis Álvarez Renta.
El exmagistrado fue excluido del sistema de justicia español por escuchar conversaciones de abogados de manera ilegal. Garzón, quien fue entrevistado en el programa de televisión “Hoy Mismo”, dijo que tiene derecho a opinar, “aquí o en Pekín”, sobre ese y cualquier otro tema.
Y, en cuanto a Álvarez Renta, reiteró su opinión de que este ya cumplió con la pena que le fue impuesta.
Aseguró que los diez años de prisión a que fue condenado Álvarez Renta terminaron en junio pasado.
Otros casos
El abogado no solo ha defendido los intereses del exbanquero, también se pronunció a favor del archivo dado por la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, a la querella interpuesta por Guillermo Moreno contra el expresidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) por prevaricación, lavado de activos y perjurio.
El proceso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia como corte de casación.
