La evidencia indica que el “diferencial del petróleo”, nominalmente liquidado por la llamada “Ley de Hidrocarburos” en 2000, sigue vigente porque en los hechos el gobierno recauda la diferencia entre el costo de importar y/o procesar los combustibles y el precio de venta final que fija semanalmente, y esto último se hace con discrecionalidad y falta de transparencia en función de criterios fiscales y políticos.
Aunque aparentemente el costo del crudo y los impuestos sirven como centro de gravedad del precio final, como referente de largo plazo, esa forma de fijar los precios implica que en lo inmediato el Gobierno hace lo que crea conveniente en el momento.
Que se quiera amortiguar el efecto sobre los precios internos de alzas súbitas en los combustibles en los mercados internacionales conteniendo las subidas internas, y que se busque compensar pérdidas en momentos de baja en los precios no es malo. De hecho, hacer menos volátiles los precios internos comparado con los precios internacionales del petróleo es una aspiración legítima. Lo malo es que se haga violando la ley, aplicando criterios propios, y a los ritmos que les dé la gana a quienes toman decisiones. Más aún, nada garantiza que efectivamente el Gobierno termine, aún sea gradualmente, ajustando el precio interno a las condiciones del mercado.
El precio de los combustibles, junto con la tasa de cambio, los salarios y la tasa de interés, está entre los precios clave de la economía y su determinación debe ser muy transparente, no sólo por razones de diafanidad impositiva sino para ofrecer la mayor certidumbre económica posible. Esto se puede lograr al menos de dos maneras. La primera es respetando plenamente la ley, y publicando el precio esperado para cada uno de los combustibles considerando las dos variables fundamentales en su determinación que son el precio internacional y la tasa de cambio. Siendo que otras variables como los márgenes de intermediación y transporte y los impuestos no cambian continuamente, la tasa de cambio y el precio internacional deben ofrecer una aproximación razonablemente exacta del precio final esperado. Sería relativamente sencillo elaborar una tabla con combinaciones de tasas de cambio y de precios internacionales del crudo que resultan en precios finales aproximados para cada uno de los combustibles. Esto permitiría que cualquier persona conozca con relativa certeza los precios que puede esperar.
Como nota al pie, sabemos que el precio de referencia que se usa actualmente, el del West Texas Intermediate o WTI (o el de cualquier otro crudo) no es el mejor para reflejar el costo de adquisición de los combustibles, porque importamos mayormente hidrocarburos procesados, y además porque los precios de los procesados no se mueven exactamente igual que el del crudo. Pero la solución a esto, cambiar el precio de referencia por otro más razonable, no parece complejo. Lo complicado es quitar el poder discrecional a algunos para ajustar los precios y los ingresos tributarios a las conveniencias del momento.
Una segunda manera de quitar ese poder a unos pocos y hacer más transparente la determinación del precio, es liberalizando el mercado de los combustibles, permitiendo que las empresas distribuidoras, Refidomsa y las de venta al detalle fijen los precios libremente en el mercado en función de los costos de procesamiento, adquisición y distribución, sin que intervenga decisión alguna por parte del Estado, y que sean la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio de Hacienda las agencias que se encarguen de gravar y capturar los ingresos tributarios derivados.
Aunque esta solución quita poder discrecional a unos, tiene el riesgo de dárselo a otros: a las empresas distribuidoras, que son un puñado, y que tendrían grandes incentivos ponerse de acuerdo, implícita o explícitamente, para fijar precios significativamente por encima de sus costos e incrementar sus ganancias a costa de empresas y consumidores finales. El atractivo de ver a las empresas competir bajando precios se ensombrece por el riesgo de colusión y abuso de posición dominante en el mercado. La preocupación sería menor si tuviésemos una agencia de defensa de la competencia robusta que resguardara el interés general y la competencia, pero ese no es el caso.
Cualquiera de estas soluciones necesita un Estado cuyo compromiso con la transparencia y el desarrollo esté por encima de las pequeñeces políticas y fiscales de corto plazo, que sean ampliamente independiente de sectores económicos de poder, y más que todo de vigilancia continua y efectiva por parte de los dolientes. Por esto último es por donde hay que empezar.
