Las últimas elecciones cierran un ciclo de casi dos décadas de continuas reformas políticas e intensa actividad electoral. Desde 1994 hasta la fecha, se han realizado tres reformas constitucionales y nueve procesos electorales. Sin embargo, esto no necesariamente ha contribuido a afianzar nuestro sistema democrático. Aunque tenemos un marco jurídico relativamente moderno, persisten las prácticas propias de un régimen político clientelar, con altos niveles de corrupción y con un excesivo presidencialismo.
A 50 años de las primeras elecciones democráticas después de la dictadura, el sistema político dominicano ha sido incapaz de atender temas fundamentales como el de una mayor equidad social, la promoción de una participación ciudadana más efectiva o la consolidación de un real Estado de derecho. Los partidos políticos tradicionales no han respondido a las expectativas de cambio de la ciudadanía.
Esto se explica porque en el país se ha consolidado un proyecto político conservador, promovido por fuerzas políticas que han preferido dar continuidad al modelo autoritario y clientelar del régimen balaguerista. Este proyecto ha persistido, debido a que las nuevas generaciones de políticos han entendido que esta es la mejor manera de asegurarse éxito electoral y de acumular riquezas.
En la actualidad tenemos un bipartidismo representado por organizaciones sin diferenciación ideológica, que se definen esencialmente como maquinarias electorales.
No es posible que en función de proyectos políticos personalistas, se siga postergando el necesario desarrollo institucional que requiere la República Dominicana. De permanecer esta práctica, se continuará erosionando la confianza, tanto en la democracia como en el sistema de partidos políticos. Esto es muy peligroso, sobre todo después de un proceso electoral en que el país quedó prácticamente dividido en dos. Sólo una férrea voluntad política para el cambio y una gran capacidad de concertación con los distintos sectores, evitará que se generen serios problemas de gobernabilidad.
El cambio pasa por reducir la excesiva concentración de poder en el Presidente de la República y por el compromiso con el fortalecimiento de las instituciones políticas. Esto supone respetar su autonomía, para que puedan jugar su rol de servir de freno y contrapeso a los demás poderes del Estado. Por otro lado, es necesario hacer realidad, más allá del discurso, la constitución de un Estado Social y Democrático de Derecho que tenga a la gente, y su bienestar, como el centro de las políticas públicas. Actuar de esa forma, sería dar una nueva oportunidad a la democracia y esto no puede seguir esperando.
