Las críticas al fallo del Tribunal Constitucional que define a quienes corresponde la nacionalidad dominicana por el derecho de suelo han unido a la sociedad dominicana, los poderes del Estado, órganos del Estado y entidades de la sociedad civil que han salido en defensa de la soberanía nacional ante las críticas internacionales de que producto de la decisión se podrían desnacionalizar un número indeterminado de personas. Desde el Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, el Legislativo y la Junta Central Electoral (JCE), las acciones en defensa del fallo van desde una ofensiva diplomática hasta la aplicación de medidas concretas para dar cumplimiento a la sentencia 168-13 para dotar de documentos a los extranjeros que resulten afectados.
Una misión de alto nivel del Gobierno dominicano se reunió con representantes del Gobierno de los Estados Unidos en Washington y de la Cámara de representantes a quienes explicaron los alcances de la sentencia y los pasos que da el Gobierno para aplicarla con estricto apego al respeto a los derechos fundamentales. Lo propio hizo con organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En tanto, el Tribunal Constitucional, en un hecho definido como excepcional por su presidente, Milton Ray Guevara, emitió un comunicado público en defensa del fallo que esa corte emitió el pasado 23 de septiembre y niega que la medida desnacionalice a las personas que podrían resultar afectadas.
En tanto, la Junta Central Electoral (JCE) y la Dirección de Migración han iniciado el proceso de aplicación de la sentencia con la dotación de documentos a las personas que los soliciten. En ese sentido, Marie Desir fue la primera en acogerse a los mandatos del fallo al recibir su carnet de residencia permanente.
Igualmente, la JCE inició el levantamiento de los hijos de extranjeros inscritos en el registro civil a fin de determinar la cantidad que fue registrada desde el 1929 al 2007 a fin de suministrar un informe al Consejo Nacional de Migración para que elabore el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que la sentencia 168-13 manda que inicie en un plazo de tres meses a partir de la notificación de la decisión.
Defensa en Cariforo
El Gobierno dominicano defendió ayer ante el Foro del Caribe (Cariforo), la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, dando continuidad a una amplia ofensiva diplomática en el extranjero a fin de generar una mayor comprensión sobre el fallo. Durante la vigésimo primera reunión del consejo de ministros del Cariforo, celebrada en Granada con la participación de los cancilleres de los quince países miembros del grupo, en representación del canciller dominicano Carlos Morales Troncoso, el viceministro César Dargam leyó el texto que establece la posición oficial del Gobierno sobre la sentencia, en los mismos términos que la presentó una delegación de alto nivel ante la Sesión Ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El representante del Gobierno dominicano solicitó una variación en la agenda de la reunión del Caricom para pedir que se incluya el tema. “El Gobierno dominicano respeta firmemente los preceptos de la Carta Democrática Interamericana, en especial en lo referente a los derechos humanos y las libertades fundamentales, como componentes esenciales de la democracia”, dijo. Igualmente, resaltó la importancia del respeto al derecho a la soberanía de los pueblos.
Sacerdote rechaza ser miembro de Comisión de Veeduría
El sacerdote Mario Serrano rechazó ayer la propuesta que le hizo el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, para que forme parte de la comisión de veedores que vigila el levantamiento que hace la JCE de los hijos de extranjeros inscritos en el registro civil desde el 1929 hasta la fecha. En una carta de respuesta a la propuesta de Rosario, el religioso considera que la aplicación de la sentencia 168-13 es violatoria de los derechos humanos y de la Constitución.
La propuesta de regularización migratoria que ordena la Sentencia del Tribunal Constitucional asumida por el Consejo Nacional de Migración parte de premisas que invalidan su propósito: que dominicanos de derecho son declarados extranjeros y que personas residentes en el país por años están de tránsito”, refuta. Agrega que su colaboración con la JCE tendrá que ser en otros términos.
También el Centro Bonó se negó a formar parte de la Comisión de veeduría que integró la JCE para dar seguimiento al censo de hijos de extranjeros y que encabeza Adriano Miguel Tejada.
En 10 días terminarán conteo hijos extranjeros
El presidente de la Comisión de Veeduría que creó la JCE para vigilar el levantamiento que hace en los libros del registro civil de los hijos de extranjeros, Adriano Miguel Tejada, informó ayer que en un plazo de 10 días los empleados de la JCE entregarán a las autoridades de ese organismo los resultados de la búsqueda. Explicó que en el primer día de trabajo solo en la circunscripción dos de la JCE fueron revisados 300 libros de 3 mil 979 que deben ser investigados. Afirmó que el proceso marcha bien y que los miembros de la comisión que él encabeza se mantendrán trabajando y visitando los distintos puntos del país a fin de garantizar la transparencia del trabajo. Además de Tejada conforman la comisión Mario Rivadulla, Freddy Sandoval, Leonardo Aguilera y Rafael Paz.
