Se entiende que en el sector salud más importante aún que los recursos económicos, son los graves problemas gerenciales que provocan tantas muertes evitables; pero tampoco se puede negar la muy baja asignación financiera. Sólo referir, para poner un ejemplo, que Costa Rica destina el 7.6% del PIB a salud, mientras que la República Dominicana dedica el 2.8 %, es decir menos de la mitad.
En educación se había progresado en los fundamentos gerenciales con una muy avanzada ley, la no menos progresista transformación curricular, así como planes decenales que identificaban sus perspectivas de desarrollo; pero hasta que desde el 2012 no se inició la inversión como ya lo había establecido la propia Ley de Educación 66-97, 15 años antes, no fue posible comenzar a ver el esperado progreso de la actividad educativa.
Sustanciales aumentos de la inversión pública en salud como en seguridad ciudadana, en infraestructura, o en deportes, el cumplimiento legal del 10 % del Presupuesto Nacional para los municipios, entre otras, son requerimientos más que necesarios, imprescindibles; pero, ¿cuál es la disponibilidad financiera del Estado al presente momento?
En un estudio auspiciado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE-, la República Dominicana aparece junto con Guatemala como los países de menores ingresos fiscales, respectivamente 14 % y 13 % del PIB. Mientras que el promedio de América Latina y el Caribe es de 21.3 %.
Del 14 % del PIB que la República Dominicana dispone, dentro de la categoría de recursos fiscales, sólo para el pago de la deuda destina el 2.9% y en educación el 4%, lo cual junto a las demás obligaciones genera un déficit global de 2.4 % del PIB.
Lo anterior significa que el pacto fiscal es urgente. Más no ha de ser una reforma fiscal sólo para incrementar los recursos financieros de que dispone el Estado. Debe ser, además, equitativa en cuanto a no afectar sobre todo la riqueza productiva generadora de grandes recursos en impuestos y empleos y lo cual podría tener un negativo impacto en la economía. No se trata tampoco de afectar aún más a los pobres. Es gravar fuertemente la riqueza no productiva o suntuaria y hacer más eficiente y menos discrecional la gestión de los fondos públicos.
Después de las elecciones generales del próximo 15 de mayo, adquiere el carácter de alta prioridad el pacto fiscal ya en retraso respecto a lo que establece la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
