La agenda necesaria de políticas públicas del gobierno que se inaugurará en agosto es muy amplia. Más allá de su sinceridad, los candidatos han abordado muchos de sus puntos, y lo han procurado hacer de una manera relativamente integral y articulada, algo que es una de las pocas notas positivas e innovadoras de esta campaña electoral.
Sin embargo, el nuevo gobierno se encontrará con una realidad económica muy dura. El desbalance externo es monumental y amenaza la estabilidad cambiaria si no se obtienen suficientes ingresos por inversión extranjera o créditos externos. La deuda del Banco Central crece indetenible, lo que contribuye a mantener tasas de interés elevadas y a comprometer el gasto público para pagarla. El déficit fiscal se ha acrecentado, entre otras razones por los altos precios del petróleo que elevan el subsidio eléctrico, y muy probablemente por el uso de recursos públicos en la campaña electoral. La agenda de inclusión social, la cual ha sido puesta en la línea del frente por todos los candidatos, depende de manera crítica de la disponibilidad presupuestaria.
De todo lo anterior, el fiscal es el problema más urgente e inmediato, y no puede esperar debido a tres riesgos importantes. Uno es que la falta de recursos a partir de mediados de año obligue a una violenta reducción del gasto que arrastre la economía hacia un crecimiento todavía menor al previsto. Un segundo riesgo es que se haga una contracción desordenada del gasto sacrificando, por ejemplo, programas sociales en salud y educación que hagan retroceder los muy modestos avances logrados en la última década. Un tercero es que la falta de decisión oportuna y un financiamiento apresurado y costoso del déficit genere una ansiedad que se traduzca en tensiones cambiarias e inflacionarias.
La oposición ha situado el déficit al mes de marzo en unos RD$30 mil millones y esto no ha sido desmentido. Ese nivel es significativamente mayor al programado en el presupuesto para todo el año, y apuntaría a una magnitud total hacia final de año en la que los aportes extraordinarios de la minería o de los impuestos sobre las recién anunciadas ganancias de capital serían sólo paliativos.
Frente a esa situación, las vías obvias para afrontar la cuestión son un recorte de gastos, un aumento de ingresos, nuevo financiamiento o una combinación. El financiamiento externo a tasas razonables depende de un acuerdo con el FMI y difícilmente se materializaría rápidamente a menos que haya un apoyo decidido de la administración saliente en avanzar negociaciones y cumplir condiciones previas. Esto le resultaría más fácil al PLD que al PRD. El financiamiento interno depende de una aprobación del Congreso dominado por el PLD, la cual también le costaría mucho a un gobierno del PRD.
A pesar del capital político fresco de un nuevo gobierno, un aumento de ingresos por vía de impuestos o de reducción de exenciones sería difícil para cualquier administración dada las resistencias y falta de credibilidad del Estado. La demanda de una reforma integral y consensuada no se haría esperar, y eso implica un proceso mucho más largo que no respondería de forma oportuna a la urgencia. Además, el Congreso en manos del PLD difícilmente le aprobaría una reforma a un gobierno del PRD.
Finalmente, el recorte del gasto es la dolorosa y discrecional arma con la que contaría cualquier administración. Para el PLD el ajuste de la nómina pública podría ser más difícil que para el PRD, pues este último podría optar por “repartir menos” a los recién llegados. En cualquier caso, la clientela presionará fuerte. Por ello, el recorte de la inversión pública es una opción mucho más probable.
Sin embargo, el gran candidato al ajuste es el subsidio eléctrico por la vía del aumento de la tarifa. Celso Marranzini ha dicho que, contrario a años anteriores, en la actualidad un 70% de las pérdidas se debe al subsidio a la tarifa y sólo un 30% a problemas de facturación y fraude. Es por ello que hay una muy alta probabilidad de que el primer golpe sea un incremento del precio de la energía. Esto, además, abriría la puerta a una negociación con el FMI y a nuevo financiamiento externo.
