Este semestre del 2013 ha sido fecundo en argumentos contra tribunales por sentencias percibidas como discriminatorias y otras acusaciones que generaron desórdenes públicos y escritos publicados en todas partes como ejemplo de la injusticia de la justicia. Desconozco los textos constitucionales de Guatemala, tampoco conozco la composición social ni el compromiso de hacer justicia a su nación, de parte de una oligarquía originalmente ensamblada para justificar la intervención promovida y conseguida del gobierno norteamericano por la United Fruit International, a cuya inversión dominicana entonces llamábamos la Grenada, que nos amaba lo suficiente para llamar a la región “the banana republics”.
Empresa poderosa, auspiciada aquí por Rafael Trujillo en contubernio con el gobierno gringo en contra de los gobiernos liberales. Sin embargo, doy crédito al compromiso del poder judicial guatemalteco para hacer justicia en una causa cuyo acusado fue no solo máximo mandatario, sino también máximo comandante militar, máximo exponente del poder represivo nacional y máximo defensor de la soberanía. También portavoz de quienes, racistas, preferían el extermino de los descendientes del histório Imperio Maya-Quiché, al cual mayoritariamente pertenece la población rural de Guatemala.
José Efraim Ríos Montt, quien decidió, tal que conquistador medieval, el exterminio o sometimieno de los remanentes rurales del gran imperio maya, de cultura que en matemáticas y astronomía tenía avances y conocimientos superiores a las europeas. Dentro del proceso judicial se produjeron dos absurdas sentencias contradictorias en mayo de este año. La primera de prisión durante 80 años al genocida, cuando su edad física superaba los 90 años. La segunda, unos pocos días después, cuando el tribunal constitucional lo dejó libre.
El segundo caso es sobre George Zimmermann, hijo de alemán y mulata peruana, nacido en Perú, aprendiz de guardián privado en Florida, en barrio cerrado protegido. Terminó la vida de un menor que pasaba allí unas vacaciones con su padre y la novia de éste en el residencial. Esta semana fue descargado porque las pruebas eran insuficientes. Acusaciones nacionales de racismo inundaron la nación norteamericana.
Pero los jueces dictan sentencias en concordancia con la documentación, las declaraciones de testigos y las decisiones del jurado. No pueden ser rehenes de la opinión pública. Así sucede también aquí cuando políticos o periodistas que buscan notoriedad llevan al público casos incompletos o defectuosos. Pero no me crea usted, amigo lector. Lea usted mismo la información. Está en Internet.
