El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR) escogió a Puerto Príncipe, capital de Haití, para instar a la República Dominicana a conceder la nacionalidad a los afectados por el fallo del Tribunal Constitucional que, a juicio del organismo niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales y que afecta, en especial, a los descendientes de haitianos. ACNUR manifestó en un comunicado “su profunda preocupación” por el hecho de que “dos meses después de dicha decisión, la situación de la población concernida todavía no ha sido adecuadamente atendida por las autoridades”.
El organismo dijo que como resultado de esta medida “personas que han sido consideradas ciudadanos dominicanos toda su vida, tendrán que solicitar su naturalización”. “Los estándares legales internacionales requieren que el Gobierno restituya automáticamente la nacionalidad de todos los individuos afectados por la decisión y que se respete sus derechos adquiridos”, precisó en el documento.
El organismo enfatizó que los individuos afectados por la decisión judicial “no son migrantes y que tienen raíces profundas en República Dominicana”.
Presidente recibe comisión
En el país, el presidente Danilo Medina recibió este jueves a integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentran en el país para realizar un informe del impacto de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. El propósito de la visita, que se extendió por espacio de una hora y media, fue para compartir con el jefe de Estado las impresiones surgidas de los intercambios sostenidos con personas de distintos sectores del país.
Durante el encuentro, realizado en el salón privado del Presidente, ubicado en el tercer nivel del Palacio Nacional, la Comisión agradeció a la República Dominicana, como país anfitrión, la apertura con que se les recibió desde su llegada el pasado lunes 2 de diciembre, así como las facilidades que les permitieron una amplia movilización. Acompañaron al mandatario el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el vicecanciller, canciller en funciones, José Manuel Trullols, y el consultor jurídico de la Presidencia, César Pina Toribio.
José de Jesús Orozco encabezó la comisión de la CIDH, integrada además por Tracy Robinson, comisionada primera vicepresidenta; Rosa María Ortiz, comisionada segunda vicepresidenta; Felipe González, comisionado; Dinah Shelton, comisionada, Rose Marie Belle-Antoine, comisionada; Emilio Álvarez Icaza L., secretario ejecutivo. También Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta; Catalina Botero Navarro, especialista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Sofía Galván, especialista de la institución; María Isabel Rivero, jefa de comunicaciones y Daniel Cima, fotógrafo.
Otro frente
Diecinueve arzobispos y 14 obispos de las islas del Caribe se han pronunciado expresando “dolor y preocupación” por el conflicto generado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho de nacionalidad, seguida de un Plan Nacional de Regularización de los extranjeros que residen en la República Dominicana, que ha sido puesto en marcha por el Gobierno. Los dignatarios católicos, integrantes de la Conferencia Episcopal de las Antillas, fijan posición sobre el caso en una comunicación que enviaron y recibió monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez.
En la carta que remiten al arzobispo de Santo Domingo, dan cuenta de preocupaciones que dicen han expresado algunos obispos dominicanos sobre la situación migratoria que atraviesan miles de haitianos y descendientes de estos que viven en suelo dominicano. Los arzobispos y obispos le recuerdan a López Rodríguez que el hijo de Dios, Jesús, fue un refugiado, por lo que ruegan a la Iglesia Católica dominicana hacer lo posible para preservar los derechos humanos y la dignidad de los haitianos y sus descendientes aquí. Resaltan que las informaciones servidas a ellos por correligionarios dominicanos indican que muchos de los haitianos llevan residiendo aquí 30 y 40 años, con una familia, mientras otros han permanecido durante dos generaciones, hijos y nietos, que nacieron en suelo dominicano, viviendo en el país por un tiempo tan largo que no saben nada acerca de Haití.
Tensa reunión entre la CIDH y legisladores
La reunión que sostuvieron los diputados que conforman las comisiones de Relaciones Exteriores, Desarrollo Humano y Derechos Humanos y la delegación de la CIDH se desarrolló en medio de acalorados debates en torno a la supuesta injerencia que el organismo internacional busca ejercer sobre el país. Al finalizar el encuentro, que se prolongó por más de una hora, la congresista Minou Tavárez, afirmó que los ánimos se exacerbaron en momentos en que algunos de sus colegas exponían sus ideas frente a los delegados del CIDH.
“Los ánimos con estos temas se exacerban y hubo algunos diputados que subieron la voz expresando sus ideas, pero nada que pueda llamarse ninguna falta de respeto, ni algo similar”, dijo Mirabal.
Sentencia
La CIDH ya emitió a principios de octubre un comunicado donde condena la sentencia 168-13 evacuada por el Tribunal Constitucional”.
Haití
Haití acusó a República Dominicana de violar leyes internacionales sobre migración, y logró conseguir respaldo en el Caricom”.
