Priorizar el Suroeste

Recientemente, la oficina regional para América Latina y el Caribe de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó la estrategia “100 Territorios Libres de Pobreza y Hambre” o 100T.

Recientemente, la oficina regional para América Latina y el Caribe de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó la estrategia “100 Territorios Libres de Pobreza y Hambre” o 100T. Esta tiene como objetivo contribuir a diseñar e impulsar políticas públicas dirigidas hacia aquellos territorios dentro de los países que se han quedado rezagados en materia de desarrollo económico y social.

La FAO destaca que a pesar del contexto de bonanza económica que la región vivió hasta hace poco y de la notable mejora en los indicadores sociales a lo largo de los últimos treinta años, hay territorios dentro de cada uno de los países en los que el hambre y la pobreza extrema persisten, y las distancias entre ellos y el resto de los territorios se ha mantenido o acrecentado. Estos territorios tienden a ser mayormente rurales.

El contexto regional actual de desaceleración económica y ajuste fiscal hace que esa preocupación sea aún mayor porque hay riesgos de retrocesos en algunos de los logros alcanzados, al tiempo que los impactos de la migración, el uso insostenible de los recursos naturales, y los desastres naturales y otros efectos vinculados al cambio climático se exacerban.

En la República Dominicana, el gobierno y la FAO han convenido trabajar de manera conjunta en esa estrategia y han acordado priorizar territorios en la región Suroeste del país. El objetivo es desarrollar, implementar y sistematizar intervenciones transformadoras.

La priorización del Suroeste del país está más que justificada. Esa región, la cual comprende las provincias de Elías Piña, San Juan, Bahoruco, Independencia, Pedernales, Barahona y Azua, muestran los indicadores sociales menos halagadores. Veamos.

Pobreza y desarrollo humano

En 2017, seis de las siete provincias del Suroeste (sin incluir Azua), registraron una tasa media de pobreza monetaria de 42.3%, casi 17 puntos porcentuales más que el promedio nacional (25.5%), y 3.6 puntos porcentuales más que el promedio en el Cibao Noroeste, la segunda región más pobre del país, la cual registró una incidencia de casi 39%. En las provincias de la llamada región Enriquillo (Pedernales, Independencia, Bahoruco y Barahona), el porcentaje de población pobre de ingresos fue de casi 47% y en El Valle (Elías Piña y San Juan) fue de más de 36%.

El Suroeste es también una de las regiones donde la incidencia de la pobreza extrema es más elevada. En esa región el 7.2% de la población no recibe ingresos suficientes como para alimentarse adecuadamente. Eso es casi el doble que el promedio nacional (3.8%).

Esos datos son consistentes con el hecho de que, en esas provincias, la tasa de participación de la población de 10 años y más en el mercado laboral es la más baja del país, apenas de 50%, comparado con la nacional de 60%. Eso significa que, por diferentes razones, una menor proporción de la población trabaja o busca trabajo, y por lo tanto, menos personas generan ingresos.

De igual manera, el Mapa Interactivo de Desarrollo Humano del PNUD muestra que las cinco provincias que tienen desarrollo humano bajo, cuatro son del Suroeste: Elías Piña, Independencia, Pedernales y Bahoruco. De hecho, esas cuatro ocupan los cuatro últimos puestos de desarrollo humano entre todas las provincias del país. Las otras tres tienen un desarrollo humano medio bajo y dos de ellas (Azua y Barahona) están en las posiciones 24 y 25 de un total de 32.

Salud

En salud, con datos de 2013 y 2014, la mortalidad infantil (hasta un año) en las regiones de salud correspondientes a seis de las siete provincias del Suroeste (exceptuando Azua) es superior a la media nacional. En San Juan, Elías Piña y Azua fue de 42 por cada mil nacidos vivos, 15 más que la media nacional (27), y en Enriquillo (Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales) fue de 34. La mortalidad en la niñez (hasta cinco años) en las provincias del Suroeste que pertenece en a la región Enriquillo (Pedernales, Independencia, Bahoruco y Barahona) es la más alta de todo el país (50 por cada mil nacidos), 15 puntos encima de la media nacional (35).

Igualmente, datos de la incidencia de la desnutrición infantil crónica (baja talla para la edad asociada a deficiencias nutricionales) indican que en las provincias del Suroeste es donde son más elevadas. En 2013, estaban por encima de 10%, cuando la media nacional andaba por debajo de 7%.

Además, en esas provincias presentan los porcentajes bajos de personas afiliadas al seguro de salud. En cuatro de las siete provincias, la cobertura es menor a la media nacional. En Pedernales en 2016 más del 60% no estaba asegurado. En Independencia esa proporción era de 47%, en Elías Piña era de 44% y en Azua era de 39%. En contraste, a nivel nacional era de 31%.

Educación

En educación también hay rezagos notables. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) de 2014, en ese año las provincias del Suroeste tenían los porcentajes más elevados de analfabetismo en mujeres entre 15 y 24 años, con cerca de 15%. Esto era el doble de la media nacional de ese año. Sólo el Cibao Noroeste tenía cifras parecidas. De forma similar, la ENHOGAR 2016 reveló que, en ese año, entre la población de 15 años y más, el 14% no sabía leer y escribir. En contraste, el promedio nacional era de cerca de la mitad.

También tenían las menores tasas netas de asistencia a la escuela secundaria (alrededor de 40%). Solo fueron menores en las provincias de la región Yuma (El Seybo, La Altagracia y La Romana).

En términos de la culminación de la escuela, el Suroeste está en la cola respecto al resto de las provincias del país. Datos de 2016 indican que pedernales fue la de más bajo porcentaje con 14.1%, la mitad del promedio nacional (28%). En Elías Piña fue de 14.4%, en Bahoruco fue 17.5%, en Independencia 19.9%, en Barahona 21.1, San Juan 25.2 y Azua 25.3%.

Condiciones en el hogar y acceso a servicios básicos
En la región Suroeste es en la que se observan las peores condiciones y acceso a servicios básicos en las viviendas de todo el país. El porcentaje de hogares que usa leña o carbón para cocinar alcanza es de cerca de 35%, más de tres veces más que la media nacional.

Las cuatro provincias de la región Enriquillo tienen los porcentajes más elevados de hogares sin acceso alguno a servicios sanitarios, casi 5 veces el promedio nacional. En efecto, casi un 12% de los hogares no cuenta con inodoro o letrina, comparado con 2.5% a nivel nacional, 0.9% en Santo Domingo, 1.6% en el Cibao.

De la misma forma, los hogares del Suroeste son los que registran menores porcentajes de tenencia de televisor, computadora, teléfono y acceso a Internet. Datos de 2016 indican que en ese año el 25% no tenía televisor comparado con 15% a nivel nacional, y cerca de un 90% no tenía computadora ni acceso a Internet, contra cerca de un 76% a nivel nacional y un 63% a nivel nacional.

En conclusión

Los datos presentados justifican de sobra que, en términos territoriales, las políticas públicas prioricen a esa región. El rezago es muy evidente en términos de pobreza de ingresos, estado de la educación y la salud, y acceso a servicios básicos y condiciones de vida en el hogar.

Hace varios años el Presidente Medina proclamó que “la hora del Sur ha llegado”. Hay que reconocer que esas palabras no han sido respaldadas con acciones suficientes como para hacer la diferencia. Ojalá esta iniciativa contribuya a dar el golpe de timón necesario.

Sin embargo, no solo se trata de reclamarle al Gobierno Central. Los gobiernos y los actores locales tienen que asumir responsabilidades, aportando recursos propios, pero también fortaleciendo sus capacidades técnicas para articularse y para presentar propuestas razonables y con alta rentabilidad social.
Sólo de esa manera, junto a la movilización y la presión, las alcaldías y consejos de desarrollo municipales y provinciales podrán lograr que sus iniciativas sean incluidas en los planes de inversión pública del gobierno y en los programas de la cooperación internacional.

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