¿Recuerdan un insecto que los dominicanos conocemos como chicharra? El nombre científico es Cicadidae, familia de insectos del orden Hemiptera; mide de largo entre 15 y 65 mm, se alimenta de savia de los árboles. Llama la atención porque emite un canto o vibración con una frecuencia que puede llegar a 86 Hz.
En la preadolescencia me atraía ese sonar vibrante y la atrapaba para luego liberarla; con frecuencia encontraba algunas de ellas secas fijadas al árbol, como si su propio vibrar y sonar la hubieran destruido.
Aquella experiencia llevaba a una reflexión y es la de que una actuación de nuestra propia naturaleza también destruye. Era que también rememoraba la “Fábula del Sapo y el Alacrán”.
Estas experiencias despuntando hacia la adolescencia, se conservan como lecciones de vida y se aplica en la actividad política. Ahora que la organización política de la que formó parte, Fuerza del Pueblo, me ha designado ante la JCE como representante de su candidato presidencial, Dr. Leonel Fernández, he reflexionado mucho sobre la naturaleza y perfil de los integrantes del Pleno de ese órgano electoral.
Los conozco desde décadas. Son profesionales con una hoja de vida decente. Se puede presumir que pretenden hacer bien su papel. Pero incurren, en cambio, en un error, y es el de no acogerse a las normas, las leyes y la Constitución. Prefieren situarse del lado del “poder”.
Ellos dirigen el órgano electoral que administra y arbitra el régimen electoral para que el verdadero poder, el poder popular, elija a los mandatarios; es decir, junto a los partidos políticos, que hacen las propuestas de candidaturas, para que el pueblo decida.
Pero el Pleno de la JCE parece preferir situarse en medio de las presiones que crea el Palacio para imponerse y la de la oposición que procura un proceso transparente y apegado a las normas.
La cúpula peledeista quiere quedarse, lo intentó pretendiendo reformar la Constitución, sin lograrlo; luego, haciendo fraude en las primarias de octubre; más luego, en febrero vulnerando las nueve capas de seguridad electrónica que impuso IFES al sistema de votación, provocando el aborto de esas elecciones.
Ahora procura bajar la concurrencia de los electores a las elecciones del 5 de julio, negándole a los dominicanos en el exterior su derecho al voto ( más de 595 mil) y aquí utilizando la pandemia del COVID-19.
Esas pretensiones van contra las normas constitucionales y legales, y la JCE juega su juego, en vez de acogerse a las normas. Es una obligación constitucional atribuida a la JCE incluir en la “Proclama” la convocatoria a elecciones para julio, a los dominicanos del exterior.
La Organización Mundial de la Salud y la Organizacion Panamerican de la Salud aseguran que el virus COVID-19 permanecerá por tiempo entre todos, que lo procedente es aplanar la curva viral y adoptar medidas de seguridad sanitaria y distanciamiento físico. En consecuencia, las elecciones pueden celebrarse con un buen protocolo sanitario, aquí y en los países donde residen los dominicanos.
La JCE debe asumir su rol y dejar de vibrar complaciendo a las presiones gubernamentales, acogiéndose a las leyes y la Constitución. De lo contrario seguirá siendo desautorizada, como ocurrió este fin de semana con la sentencia del TSA que revocó el orden de la boleta.
