Santo Domingo (EFE) – Las autoridades de República Dominicana buscarán activamente a los inmigrantes indocumentados, en su gran mayoría haitianos, para elaborar una base de datos que será compartida con todos los organismos de seguridad y de migración.
Esta será la función de al menos 38 oficinas que estarán repartidas por todo el país y que deberán estar en funcionamiento «entre este mes y diciembre».
Explicó este jueves a Efe el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización, Juan Manuel Rosario.
Las dos primeras oficinas fueron inauguradas el pasado lunes, en las provincias fronterizas de Dajabón y Elías Piña.
Tan sólo cinco días después de que el Gobierno anunció su creación, dentro de un paquete de medidas para frenar la inmigración haitiana.
El plan de las autoridades es crear una base de datos «bien sólida» y «lo más interconectada posible».
Por lo que tendrán acceso a ella los organismos de seguridad, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General de Migración (DGM).
Ente facultado para deportar de forma automática a cualquier inmigrante en condición irregular.
La base de datos recopilará información biométrica, como huellas dactilares e imágenes para el reconocimiento facial.
Esto, con el objetivo de facilitar la identificación de los inmigrantes haitianos, muchos de los cuales carecen de cualquier documento.
Rosario aseguró que «la política migratoria sigue igual», por lo que la DGM «seguirá haciendo su trabajo» de deportación de los inmigrantes en condición irregular.
Mientras tanto, las nuevas oficinas se dedicarán a cumplir su función, de registrar los «miles de ilegales» que hay en República Dominicana.
El papel de las oficinas es «garantizar la seguridad ciudadana y la seguridad nacional» y se realizará «en el marco de derecho y en el marco de los derechos humanos».
«No vamos a violar los derechos humanos ni nada parecido», garantizó el viceministro.
Cada oficina contará con un personal de diez funcionarios del Ministerio del Interior, aunque podrán requerir apoyo de auxiliares, «dependiendo de la magnitud del trabajo».
Los inmigrantes podrán registrarse voluntariamente en la oficina y si no lo hacen, los funcionarios los visitarán en sus lugares de residencia, según el viceministro.
