Desigualdad: un desafío político en crecimiento 

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La comparación era inevitable. Por un lado aparece la escena de policías arrestando a quienes violentan el toque de queda en los barrios, y por el otro imágenes de fiestas, conciertos y bodas de gente rica socializando sin ningún tipo de restricción.

“¡Desigualdad! ¡Abuso! ¡Todos debemos ser iguales ante la ley!”. Las redes sociales y los medios de comunicación han reaccionado indignados en cada caso, y las autoridades tomaron medidas para mandar una señal de que una contradicción tan evidente no se continuaría presentando en medio de esta grave crisis de salud.

Las escenas, sin embargo, se quedan cortas en su significado. Son la punta del iceberg. No reflejan  la magnitud de la profunda desigualdad económica, política y social que existe en República Dominicana y que, sin dudas, se está extendiendo en medio de la pandemia.

Antes del coronavirus, nuestra sociedad era la más desigual de América Latina y el Caribe, que a su vez es la región más desigual del mundo. Para el 2019, según Oxfam, el 20% de la población dominicana más pobre no alcanzaba a participar ni del 5% de las riquezas de la nación. Por otro lado, el  20% de los más ricos se quedaba con el  50% del patrimonio nacional.

Ahora con un crecimiento de -7% en el terrorífico 2020 todos los sectores productivos han sido golpeados, y por consiguiente, sus capacidades de generar o mantener empleos. En los primeros seis meses de la pandemia la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) registró la desvinculación de unos 254,000 trabajadores del sector formal. En el mismo período cerraron sus operaciones 3,745 empresas, en mayoría pequeñas y medianas. Igual o peor escenario es el del sector informal.

Esto ocurre mientras en nichos del gran comercio y en las nuevas modalidades de teletrabajo la crisis se ha convertido en una gran oportunidad de hacer negocios con una amplia discrecionalidad en la imposición de condiciones  laborales. Por un lado, en el comercio electrónico y el delivery parece crecer la urberización, o la relación laboral precaria y con derechos limitados. Por otro lado, las grandes cadenas comerciales contabilizan ventas extraordinarias aumentando la carga laboral a sus empleados. Al no existir en el país una dinámica de organización o sindicalización de la gente trabajadora, tendremos que miles de trabajadores y trabajadoras se mantendrán en el sector formal aguantando en silencio la precarización de sus condiciones, atemorizados por la sombra amenazante del ejército de desempleados que va creciendo en todo el territorio nacional.

A estos componentes  económicos habría que agregar las desigualdades sociales que se van ampliando. En la educación tendremos más de un año de distanciamiento entre la docencia recibida por los hijos de las familias más pudientes y los hijos de las familias pobres y clase media. Mientras los hijos de los pobres están tratando de tomar algo de clase a distancia pequeños grupos están en clases semipresenciales o con tutores privados a domicilio. De las atenciones generales de salud ni se diga.

Al ser una expresión de las relaciones económicas y sociales, la política dominicana también está siendo afectada por una alta concentración y su consecuente generación de desigualdad. Basta observar lo que ocurre en los grandes partidos. Los mismos dirigentes de los últimos treinta años encabezan las principales fuerzas conocidas del sistema, y el relevo que prometen e impulsan es nada más y nada menos que una lista de sus hijos, parejas, nietos, sobrinos o empleados incondicionales. El acceso a los espacios de dirección y a los puestos de elección popular está cada vez más restringido  a los círculos personales de los mismos de siempre o a quienes tengan recursos multimillonarios para participar de las contiendas electorales.

Comprender este escenario económico, social y político ni siquiera forma parte de la agenda de discusión pública, lo que hace más desafiante su abordaje y su transformación. Pero quienes deseamos hacer política diferente y contribuir a la construcción del bien común, de una República justa y próspera para todos y todas, tenemos el deber de abordar este fenómeno, visibilizar y dar pasos concretos para trascenderlo, ondeando la bandera alternativa, que es la de la justicia social.

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