La política exterior dominicana transita sobre terreno minado

República Dominicana ha intervenido en algunos conflictos latinoamericanos y en otros no.
Las situaciones convulsas de algunos países obligan a las autoridaridades a realizar un fino manejo de la diplomacia

La política exterior de República Dominicana ha estado sometida a pruebas importantes, durante los últimos meses. Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela han experimentado cambios en su vida institucional que no le son ajenos al país.

En unos casos, el Gobierno dominicano ha decidido tener una participación clara y directa, en otros ha preferido mantenerse en bajo perfil, lo que a fin de cuentas también constituye una reacción al acontecimiento político que se desarrolla fuera del territorio nacional.

Con perspectivas distintas, Juan González, politólogo y catedrático universitario y Eddy Tejeda, abogado y experto en asuntos migratorios, analizan hasta qué punto la política exterior dominicana camina por un terreno minado en el escenario regional.

Para González, “República Dominicana se ha conservado como un actor de diálogo y concertación ante los conflictos internos y bilaterales de los países latinoamericanos, ya que su política se ha caracterizado por el respeto a la autodeterminación de los pueblos”.

La reflexión individual de los casos, sin embargo, no conduce necesariamente a esa conclusión. A juicio de Tejeda, la construcción de una verja perimetral en la frontera con Haití muestra “una agresividad fuera de serie”.

El proyecto fue anunciado por el presidente Luis Abinader en su primer discurso de rendición de cuentas, tiene por objetivo reforzar la seguridad y el control migratorio y está en plena en ejecución, aunque se sigue informando que iniciará en el próximo mes de octubre.

Tejeda considera que Haití es un país que está en una situación de violencia y pobreza extrema, por lo que construir un muro debería ser impensable. “Algo está pasando aquí que no está cónsono con la realidad geopolítica ni insular porque sabemos que hay una migración haitiana muy necesaria en el país, muy laboriosa, que tiene poco acceso a obtener una residencia y que está irregular”, comentó.

Criticó, además, que tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise, República Dominicana haya solicitado la intervención de la comunidad internacional para que la vecina nación pueda superar la crisis institucional que le afecta.

“La posición dominicana es que vengan, que intervengan, cuando lo que ha dicho todo el mundo es: vamos a ver cómo los haitianos resuelven la situación entre ellos porque es un asunto interno”, observó.

Recordó que si hay un principio fundamental en las relaciones internacionales es el de no intervención en los asuntos internos de los Estados y lamentó que las autoridades dominicanas no lo tengan presente, pese a que está consignado en el artículo 3 de la Constitución de la República.

Desde la óptica del profesor universitario Juan González, la mejor muestra de que el Gobierno dominicano mantiene una buena vecindad con Haití es el hecho de haber priorizado el diálogo como solución al conflicto generado por la construcción de un canal de riego en el río Masacre.

“El país no ha tenido una actitud beligerante, sino más bien de buscar una solución negociada al conflicto”, indicó el especialista en Ciencias Políticas. Para él, el reclamo que ha hecho República Dominicana a la comunidad internacional para que propicie el diálogo entre los diferentes actores políticos, económicos, sociales y religiosos se ajusta a las normas internacionales que regulan la relación entre los Estados.

Su argumento es el siguiente: “Además de la crisis política, Haití padece viene padeciendo otras crisis: la sanitaria por la pandemia del Covid-19; la económica, porque desde el 2019 su economía viene decreciendo y por último, la crisis alimentaria ya que, según algunas ONG, alrededor del 46% de la población está en una situación de hambruna”.

Con Nicaragua sí, con Cuba no

Evitable, de manera patente, el impasse diplomático con Nicaragua desbordó la paciencia de los cancilleres Roberto Álvarez y Denis Moncada, a partir del momento en que el primero escribió un tuit sobre el significado de la detención de dos aspirantes presidenciales, a pocos meses de las elecciones previstas para el 7 de noviembre.

“Estas medidas antidemocráticas indican la creación de un ambiente de intimidación e intolerancia”, precisó el funcionario dominicano en el mensaje que difundió a través de su cuenta en la red social Twitter.

La respuesta de Moncada no se hizo esperar. Tras calificar de ultraje y atropello a la soberanía de Nicaragua, las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores dominicano, rechazó la “intromisión en asuntos internos que solo conciernen al pueblo y Gobierno” nicaragüense.

Y protestó “enérgicamente en nombre de la decencia, la soberanía, la no intromisión, no injerencia, y no interferencia, que de acuerdo a todas las Cartas Internacionales que rigen la vida soberana entre los Estados, nos debemos”.

Desde las gradas que le proporciona ser un consultor independiente, Tejeda planteó que “República Dominicana no puede intervenir en absoluto, ni decir qué es lo mejor para cada país. Los Estados soberanos son libres e iguales. Nadie nos puede decir qué hacer, en particular con nuestra forma de gobierno”.

En este punto, Tejeda coincide con González en que cuando se está en desacuerdo con el proceder de un país, lo más conveniente es aprovechar algún foro del sistema interamericano o de la comunidad internacional para expresar el descontento a fin de que las relaciones bilaterales entre las partes no terminen en un punto de quiebre.

Actuar así no significa que el Estado obtemperará al llamado internacional, pero se habrá respetado el principio clásico de Derecho Internacional de la no injerencia en los asuntos internos de otros.

En la actualidad, un total 28 prominentes opositores permanecen detenidos por la policía en Nicaragua bajo investigación acusados de “pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y la desestabilización económica y financiera del país, entre otras acciones”, pese al llamado de la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que los liberen.

El bajo perfil que el Gobierno dominicano ha mantenido sobre las protestas que se produjeron en Cuba el pasado 12 de julio no es casual. Tejeda lo atribuye a que República Dominicana siente un gran respeto por la tradición revolucionaria cubana. “No es un país con el que tenemos grandes relaciones ni grandes intereses económicos, pero sí una gran amistad y agradecimiento por los dominicanos que han podido encontrar la salud allá”, explica.

Sostiene que República Dominicana es un país democrático, mientras que en “Cuba hay una dictadura de izquierda, pero dictadura al fin”, que involucra intereses complejos porque si bien hubo decenas de detenidos y países que se pronunciaron a favor de su causa, no es menos cierto que hubo manifestaciones de apoyo total a las autoridades cubanas y se produjo, finalmente, la restitución del orden que ha permanecido en esa nación desde el año 1959.

Venezuela, en un limbo diplomático

Otrora productiva y generosa, la relación con Venezuela se mantiene en una especie de laberinto diplomático. La nación suramericana tiene una embajada en República Dominicana, pero no embajador.

El país dejó de reconocer a Juan Guaidó como jefe de Estado interino de Venezuela el pasado 5 de enero, cuando terminó su mandato de presidente de la Asamblea Nacional. Las autoridades tampoco reconocen la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.

Iván Alejandro Salerno García, con el rango de encargado de negocios, se mantiene al frente de la embajada, actualmente. Esa presencia, desde la óptica del politólogo, Juan González, constituye un reconocimiento del gobierno de Maduro porque cuando las relaciones entre dos países se rompen, solo suele quedar el personal consular.

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