La directora de Ética y Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, llamó a que todos los servidores públicos ejerzan el compromiso de entregar las informaciones que manda la ley a los ciudadanos y, sobre todo, colocarlos en formatos abiertos y reutilizables como lo manda la resolución que estandariza las divisiones y crea el Portal Único de Transparencia.
Ortiz Bosch se expresó en esos términos tras la serie de reportajes y editoriales de elCaribe donde se puso en evidencia que diversas instituciones gubernamentales no están cumpliendo con la entrega de informaciones o lo hacen de manera incompleta en períodos de tiempos que sobrepasan el máximo establecido por la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.
“La prensa cuando le dice a la gente, mira saliste quemado o saliste premiado, saliste cumpliendo con tu deber, nos está ayudando. La transparencia es una obligación de todos, de gobierno y ciudadanos”, indicó en referencia a los reportajes publicados por este diario respecto a “Las Peores notas de los portales de transparencia” y “¿Qué tanto callan las instituciones públicas?”
Experiencia de elCaribe
Este diario ha tenido la experiencia de tener que esperar hasta cuatro meses para recibir informaciones, incompletas, de algunas instituciones del gobierno central, en contra de lo dispuesto el artículo 8 de la referida ley, lo cual excede por mucho en el tiempo, lo establecido en la normativa.
Actualmente tenemos una solicitud con prórroga vencida en el Ministerio de Salud Pública: la información debió ser entregada el 2022-02-22 a las 11:34:53 horas.
“Tú sabes por qué se han quemado y por qué los periodistas han podido tomar esos datos; porque nosotros lo publicamos.
Nosotros, los reportajes que ellos dicen, los que han aprobado, los que son excelentes, los que no han hecho, es con datos que nosotros publicamos”, describió la funcionaria en relación al portal de la Digeig, actuación que pide a las instituciones centralizadas y descentralizadas emular.
Refirió que tanto el Gobierno como la Digeig está trabajando, con mucho seguimiento, todos los aspectos que tienen que ver con el derecho que tienen los ciudadanos a saber cómo se está administrando el presupuesto del Estado y como se cumplen las normativas que rigen la función pública en el país. “La transparencia es una obligación de todos”, enfatizó Milagros Ortiz.
Informaciones fuera de plazo y baja calificación
Actualmente, la Digeig registra en su base de datos 861 solicitudes de información en proceso (no cerradas) de las cuales 260, es decir un 30 por ciento, están fuera del plazo establecido en tanto que unas 18 instituciones sacaron bajas calificaciones al ser evaluadas en términos de transparencia. Entre ellas, entidades autónomas como la Cámara de Diputados, el Senado, la Junta Central Electoral, el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral.
