El Poder Ejecutivo destituyó, vía el decreto 146-20, a los principales funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), tras una denuncia de irregularidades en una licitación para la adquisición de 40 mil kits de alimentos enla emergencia por el COVID-19.
El escándalo, provocado por la denuncia publicada en varios medios de comunicación, derivó en la renuncia de la directora de Inaipi, Berlinesa Franco, y en su lugar quedó designada Kenia Lora. El decreto 146-20 indica que fueron destituidos de sus cargos Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora administrativa y financiera; Alberto José Patxol, director Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico; y Clementina López, responsable de Acceso a la Información Pública.
El mismo decreto destituye, además, al presidente y miembros, respectivamente, del Comité de Compras y Contrataciones del Inaipi, así como al director de Operaciones, Ricardo Guzmán; y la directora de Compras, Maira Martínez.
Comisión confirmó irregularidades
La información la dio a conocer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien informó que tras la denuncia de corrupción en el proceso de licitación, por disposición del presidente de la República se conformó una comisión, de la cual forma parte, y que además integran el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; el secretario administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y la directora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, para investigar al respecto.
“Luego de concluir la revisión, la comisión recomendó al presidente la remoción de los principales funcionarios de esa institución vinculados al proceso de compra indicado”, manifestó Espinal.
Explicó que estas decisiones fueron motivadas tras realizarse las debidas investigaciones sobre las denuncias de irregularidades en el proceso de la compra de 40 mil kits.
“Se cometieron violaciones a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”, afirmó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Dijo que se suma que se permitió la entrega de mercancías por parte de proveedores al margen del proceso de compra sin documentaciones que respaldaran la compra, por lo que el Estado se ve imposibilitado de hacer los pagos a los mismos, “pues se hizo al margen de la ley”.
Explicó que se constató que se estableció un precio fijo por encima de los del mercado, lo cual dijo “es inaceptable”.
Manifestó que el caso se pondrá en manos de la Procuraduría General de la República, agregando que “ni siquiera en estos procesos de emergencia caben atajos que puedan atar los debidos procesos”.
“Ahora más que nunca debemos asegurarnos de que cada centavo se gaste de forma eficiente y transparente para dar respuesta a las múltiples necesidades”, dijo Espinal. Advirtió que a todo funcionario que sea sorprendido en cualquier mala práctica le será aplicada de manera estricta la ley.
La denuncia
Ayer hizo viral la denuncia de Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Z, distribuidora de alimentos y proveedora del Estado, quien reveló en el programa Esta Noche Mariasela que participó en una licitación de emergencia que realizó el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) y “la adjudicación fue entregada a una empresa que no figuraba dentro de los concursantes”. El empresario indicó que la licitación, por 100 millones de pesos, fue publicada el 31 de marzo, a las seis de la tarde y cerraba al día siguiente a las nueve de la mañana por lo que acudió a antes del cierre a depositar los documentos.
