Tres diputados presentaron la propuesta de Código Electoral que busca corregir errores en leyes 33/18 y 15/19

La primera propuesta de un Código Electoral que unifique las leyes Orgánica del Régimen Electoral y de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, llegó a la Cámara de Diputados y entre las sugerencias novedosas que plantea figura el debate electoral obligatorio para los candidatos presidenciales, vicepresidenciales, senadores y alcaldes, y estarán bajo la organización de la Junta Central Electoral (JCE).

La propuesta está contenida en el último párrafo del artículo 150 de lo que sería el Código Electoral si llegara aprobarse. “Los debates serán obligatorios para las candidaturas a presidente y vicepresidente de la República, senadores y alcaldes, a pena de anulación de dichas candidaturas. Serán celebrados tras la proclamación de los candidatos en el momento que fije la Junta Central Electoral. Los debates serán opcionales para los candidatos a diputados y demás candidatos”, puntualiza la propuesta.

Igualmente, plantea un nuevo criterio para la distribución de los recursos que reciben los partidos políticos del Estado. La propuesta presentada por los diputados de los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), el Bloque Institucional Social Demócrata (Bis) y el Partido Cívico Renovador (PCR), propone que el 30 % de los recursos sea distribuido en partes iguales entre todos los partidos y el 70 % en función del promedio de votos obtenidos por cada organización en la última elección presidencial, de diputados y senadores.

Actualmente, la ley 33/18 de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos establece que el 80 % se distribuya entre los partidos que alcanzaron el 5 % en la última elección y el 12 % entre los que alcanzan menos del 5 % y más de un 1 % y el restante 8 % entre los que no llegan a esos porcentajes.

De aprobarse la nueva propuesta, el nivel municipal quedaría excluido de la participación de los recursos que entrega el Estado a los partidos, pues esas elecciones están pautadas para el tercer domingo de febrero, tres meses antes que las congresuales y presidenciales y la ley no prevé que se tome en cuenta.

De hecho, el criterio que aprobó la JCE este año para la distribución de los recursos a los partidos excluyó ese nivel de participación con el argumento de que no está contemplado en la Ley 33/18.

La propuesta de Código Electoral también le quitaría el tope que impone ahora la ley 33/18 para el inicio de la precampaña pues establece que se iniciará a más tardar el primer domingo de julio del año preelectoral, pero la ley vigente, 33/18, dice que será iniciada en esa fecha.

El proyecto establece que si un partido no decide hacer primarias abiertas para la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular, las actividades de los precandidatos deben limitarse a lo interno de los partidos y no se le permitiría la propaganda externa.

“Si las organizaciones políticas eligen sus candidatos con un mecanismo diferente al de primarias abiertas, la precampaña se considerará un proceso limitado a lo interno de dichas organizaciones”, puntualiza el proyecto. Esas actividades estarían limitadas a participación en los medios de comunicación, reuniones en recintos cerrados, entre otros.

La Ley 33/18 estableció unos límites similares sobre la propaganda en los medios de comunicación y el Tribunal Superior Administrativo lo declaró inconstitucional por violar varios artículos de la Carta Magna.

En el proyecto recae sobre la JCE elaborar mediante reglamento todo lo concerniente a la propaganda política y a la publicidad de los partidos durante la precampaña.

Tarda discusión para modificar leyes

La modificación de las leyes electorales por la gran cantidad de artículos que han sido declarados inconstitucionales, especialmente de la Ley de Partidos Políticos, es un tema que está planteado incluso por el propio presidente de la República, Luis Abinader.

Sin embargo, a menos de dos años de que muchas de esas medidas entren en vigencia para las elecciones del 2024, el debate luce rezagado y fuera de la agenda legislativa y de los partidos políticos.

La JCE designó una comisión para revisar las leyes electorales.

El órgano ha avanzado en los trabajos y tiene en agenda presentar a los distintos actores su propuesta a más tardar en el mes de julio. Recientemente, el presidente de la JCE, Román Jáquez, mostró preocupación por el alto de costo de las campañas electorales, un tema que ha sido recurrente en el debate electoral por temas como el uso de dinero del crimen organizado como el narcotráfico para financiar la política.

Elías Wessin Chávez, diputado y presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados, ha informado que ha hecho los contactos con los distintos partidos para encaminar la discusión del proyecto. Wessin Chávez sostiene que el principal objetivo de esa pieza será contribuir con la paz social y política del país pero, sobre todo, aseguró que en el proceso se cuidarán de no repetir lo ocurrido con la Ley de Partidos Políticos que “ha sido descuartizada” por el Tribunal Constitucional. Agregó que la propuesta del Código Electoral busca corregir las incongruencias de las leyes electorales.

Empodera Fiscalía de los Delitos Electorales

El proyecto de reforma a las leyes electorales para aprobar un Código Electoral fue presentado por los diputados Elías Wessin Chávez, Miguel de los Santos y Miguel Bogaert y le daría facultad a la Procuraduría Electoral Especializada, con cuerpos de fiscales, delegados y observadores del escrutinio. El proyecto sugiere que a los partidos aliados que no personifican la alianza se les permita un delegado por cada colegio electoral con autoridad legal para impugnar los resultados. El proyecto incluye una nueva fórmula la distribución de los escaños para el cargo de diputado nacional que excluye a los partidos que hayan obtenido representanción de diputados por circunscripciones electorales. El proyecto contiene 18 títulos y 420 artículos y según Wessin Chávez se han adoptado todas las correcciones e inconstitucionalidades que antes se habían exigido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral y la de Partidos Políticos.

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